No hubo avances significativos en los últimos tiempos; hay pruebas que corren el riesgo de perderse.

A 10 años de la desaparición de Jorge Julio López, el hombre que fue un testigo clave para condenar a ex represores de la última dictadura militar, el rumbo de la causa judicial iniciada para encontrar al albañil es tan incierto como su paradero.


Las pruebas acumuladas en más de 10.000 fojas -¿sin una hipótesis firme para dar con el testigo- corren riesgo de perderse ante el lapidario paso del tiempo.

El juez federal Ernesto Kreplak informó a LA NACION que el último trámite estuvo destinado a evitar que se pierda el registro de los llamados, que caducan a los 10 años.

"La última medida fue disponer, a pedido de la fiscalía, que se ordene a las diversas compañías telefónicas que conserven el registro de llamadas entrantes y salientes de una lista muy grande de teléfonos que se han investigado durante estos años. Esto se debe a que a los 10 años caduca el deber de las compañías de conservar esa información, de modo que se trata de una medida más bien preventiva", informó el magistrado que comenzó a intervenir en la causa en los últimos meses.

Kreplak es el último de los cuatro jueces que tuvo la causa en 10 años: el expediente tramitó ante Manuel Blanco -ya fallecido-, Arnaldo Corazza -jubilado- y Laureano Duran. Pero la instrucción del expediente siempre estuvo a cargo de la fiscalía especial que investiga los delitos de lesa humanidad.

Esta dependencia está a cargo de Marcelo Molina, el mismo fiscal que en las últimas semanas fue designado por la Procuración para investigar las amenazas y agresiones contra la gobernadora María Eugenia Vidal.

En los últimos días trascendió que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pediría ser tenida como parte querellante, pero hasta el cierre de esta edición eso no ocurrió. Al Juzgado Federal N° 3 no llegó ninguna actuación desde la fiscalía para resolver una petición de esas características. (La Nación)

MS

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