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Reforma electoral: frente a una gran posibilidad de cambio

El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, opinó sobre la reforma electoral que analiza el Senado y que ya tiene media sanción de Diputados.

El Congreso de la Nación se apresta a convertir en ley la reforma política que impulsamos desde el Ejecutivo. Aquel proceso de construcción de consenso que iniciamos en enero derivó en la sanción del proyecto con una amplia mayoría en Diputados y hoy la iniciativa se discute en el Senado. En paralelo la legislación que establece y regula la realización obligatoria de debates entre candidatos presidenciales puede ser sancionada este mes.

Este conjunto de reformas significa un profundo avance hacia un sistema electoral más cercano a la sociedad; es, en definitiva, una manera de reconciliar a la gente con la política. El objetivo concreto es terminar con viejas prácticas que enturbian las elecciones y brindar al electorado todas las garantías para que su voto sea respetado, desde el momento en el que el ciudadano ingresa a la escuela hasta el momento en el que se totalizan los resultados.

La boleta electrónica y el fin de las colectoras y las candidaturas múltiples introducen cambios importantes que modernizan el proceso electoral al hacerlo más ágil, transparente y confiable. El sistema que proponemos destierra para siempre el robo de boletas al garantizar la presencia de todas las opciones electorales en el cuarto oscuro. Además permite la información de los resultados de forma exacta y rápida a la ciudadanía.

Con la introducción de tecnología segura y auditable podemos dejar atrás frustraciones e incertidumbres que se han repetido de manera constante en las elecciones en nuestro país. Los partidos políticos también se verán beneficiados en términos de equidad en la competencia electoral, ya que se asegura que toda la oferta electoral esté disponible, independientemente de la capacidad de fiscalización que tengan.

Hemos llegado a esta instancia luego de haber promovido un amplio debate en el que participaron todos los actores involucrados en el proceso electoral: gobiernos provinciales; partidos políticos; jueces y secretarios electorales; académicos; constitucionalistas y organizaciones de la sociedad civil. Todos ellos brindaron sus opiniones sobre el tema y con gran satisfacción encontramos consenso respecto a la necesidad de reemplazar el actual instrumento de votación.

La reforma política también incorpora la obligatoriedad del debate presidencial, mayores herramientas para que la Justicia Electoral controle el financiamiento político, y garantiza una transición ordenada en el traspaso de mando.

Es importante remarcar que en este proceso de debate se incorporaron demandas como la paridad de género, que asegura una representación política igualitaria de mujeres y varones. También se incluyó la transferencia a la Cámara Nacional Electoral del escrutinio provisorio, una medida tendiente a dar garantías de independencia durante el proceso de recuento de votos, así como la duplicación del período de prohibición para los anuncios públicos durante la campaña.

Estas últimas medidas en particular resultan inéditas: por primera vez un Gobierno transfiere facultades electorales a un organismo independiente. Es una clara muestra de que el objetivo del Gobierno con esta reforma lejos está de ser la obtención de ventajas electorales, como algunos defensores del viejo sistema sostienen. Lo que se busca es, por el contrario, fortalecer la confianza de partidos políticos y ciudadanos en el sistema.

Hoy estamos llegando a la recta final del debate con la seguridad de que hemos puesto el mayor de los esfuerzos para que la sociedad argentina tenga una ley que permita modernizar y mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas y brinde respuestas a las nuevas demandas ciudadanas.(Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación)

Fuente Télam

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