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Residentes fronterizos de Estados Unidos rechazan el muro de Trump

Levantar una barrera de concreto de 12 metros de alto en los 3.180 kilómetros de frontera con México, como prometió Trump en campaña, se topa de lleno con varias realidades: la orografía del terreno, una fuerte resistencia local y la duda sobre quien asumirá el costo.

Los residentes del bullicioso y fértil valle del Río Grande, donde la zona donde la frontera de Estados Unidos se encuentra con el golfo de México, creen que un "muro virtual" con tecnología de vigilancia tendría mucho más sentido que el muro que concreto que pretende Donald Trump. Es un sistema que ya se utiliza y está en expansión.

Levantar una barrera de concreto de 12 metros de alto en los 3.180 kilómetros de frontera con México, como prometió Trump en campaña, se topa de lleno con varias realidades: la orografía del terreno, una fuerte resistencia local y la duda sobre quien asumirá el costo.

La gente se rió de la idea del republicano que de México pagaría voluntariamente los miles de millones que costaría la obra. Funcionarios mexicanos dijeron que no lo harían. Por lo que pocos locales se sorprendieron cuando el ahora presidente electo suavizó su posición cinco días después de su victoria electoral, diciendo que el muro podría incluir algunas vallas.

"El muro no va a parar a nadie", dijo Jorge García.

García esperaba perder el acceso a la mayor parte de su rancho de más de 12 hectáreas (30 acres) junto al río tras la entrada en vigor de la U.S. Border Fence Act hace una década, bajo el mandato del presidente George W. Bush. Sigue esperando por si la patrulla fronteriza instala una cerca o un muro en la parte de la finca señalada y por la que prometieron pagar 8.300 dólares.

Según la ley, se construirían más de 1.000 kilómetros (652 millas) de barrera, la mayoría en Arizona. Los 177 kms (110 millas) de vallas y zonas fortificadas que se levantaron en Texas son líneas rotas, muchas de ellas a más dos kilómetros (1,5 millas) del río.

Los García creen que ellos, como el resto de residentes de Los Ebanos, quedarán fuera del proyecto porque la erosión del suelo de arcilla es demasiado inestable.

La geología va en contra de la construcción del muro en el Río Grande — conocido como Río Bravo en México. Como cómplices tiene un tratado vinculante de agua con México y leyes sobre especies protegidas. Las pasarelas y túneles se construyeron dentro de las barreras fronterizas para acomodar a ocelotes and jaguarondis, dos especies de felino salvajes.

Entre los muchos saltos en la valla fronteriza se incluye todo un flanco del club de golf y resort River Bend en Brownsville — "huecos privilegiados" para las personas conectadas, según un crítico.

Otros propietarios de tierras se enfrentaron a la Patrulla Fronteriza en los tribunales.

"El muro podría hacer que parte del país se sienta más seguro, pero para los que vivimos en la frontera, esto no nos hace sentir más seguros cuando sabemos que la gente puede saltarlo, rodearlo o cruzarlo por debajo", señaló Monica Weisberg-Stewart, experta en seguridad de la Texas Border Coalition, un consorcio de líderes regionales.

Una encuesta realizada en mayo en ciudades fronterizas del suroeste del país halló que el 72% de los residentes estaban en contra del muro. El sondeo, realizado por Cronkite News-Univision-Dallas Morning News, tenía un margen de error de más menos 2,6 puntos porcentuales.

Políticos locales han encontrado formas creativas para hacer del muro una idea aceptable. En un tramo de 32 kms (20 millas) en el condado de Hidalgo está formado por un dique fortificado coronado por una valla. En 2010, esa represa contuvo una inundación. Se cree que la obra tuvo un coste de cerca de 10 millones de dólares por milla.

En los comicios del 8 de noviembre solo tres condados fronterizos de Texas — todos con una población escasa — respaldaron a Trump. El resto son profundamente demócratas y apoyaron las políticas migratorias más benévolas del presidente Barack Obama.

El lado estadounidense de la frontera es bastante seguro, destacó Weisberg-Stewart. "No estamos en una zona de guerra".

De hecho, el comercio transfronterizo va en aumento. En 2014, bienes por importe de más de 246.000 millones de dólares y 3,7 millones de camiones cruzaron la frontera entre Texas y México, según la coalición.
Aunque gran parte del lado mexicano de la frontera se ha visto golpeado por violencia vinculada a los carteles de la droga, la delincuencia en el valle del Río Grande, donde viven 1,3 millones de personas, es consistentemente más baja que en otras ciudades del estado.

La patrulla fronteriza creada tras el 11-S es uno de los motivos, señaló el exoficial David Aguilar. Desde 2004, cuando fue nombrado para el puesto, el número de agentes en la frontera suroeste aumentó de 9.500 a más de 17.500.

Por otra parte, el número de detenciones en la frontera va en descenso desde su punto álgido, 1,6 millones en 2000, a las 409.000 del año que terminó en septiembre. Casi la mitad fueron sorprendidos en el valle del Río Grande.

La Gran Recesión que comenzó en 2008 hizo de Estados Unidos un destino menos atractivo para los inmigrantes mexicanos. Los centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza en sus países suponen ahora más de la mitad de las entradas al país.

Muchos de los migrantes que llegan a la zona se entregan en los puentes fronterizos. Tras ser procesados, se les otorga una cita judicial en sus ciudades de destino, donde suelen esperarlos sus familias. Otros son enviados a centros de detención para realizarles más entrevistas relativas a su solicitud de asilo.

La patrulla fronteriza reconoce la importancia de la tecnología de vigilancia en la reducción de la llegada ilegal de migrantes, incluyendo cámaras de vigilancia en torres, sensores de movimiento y láseres.

Desde 2013, la agencia cuenta también con cinco dirigibles que pueden volar a una altura de entre 1.000 y 5.000 pies sobre el valle y están equipados con cámaras a control remoto. Los drones Predator, que suben a cotas más altas, patrullan grandes zonas de la frontera suroeste del país desde 2011.

En un centro comunitario en McAllen, Texas, una joven guatemalteca de 21 años y embarazada de ocho meses ponía rumbo a Kansas tras entregarse a las autoridades. Ingrid Guerra explicó que huía de una relación de maltrato. El padre de su otro hijo, un niño de dos años que se quedó con su madre, fue asesinado en una pelea de bar, agregó.

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