El martirio comenzó cuando el inquilino ocupó un local lindero a la casa, también propiedad del núcleo familiar, que realizó la denuncia correspondiente y desde entonces es blanco de violentas advertencias y brutales agresiones. Sin embargo, a pesar de las sucesivas acusaciones, los usurpadores continúan en libertad, agudizando el desamparo que azota a los titulares del inmueble.

“Hace dos años mis papás le alquilaron una casa a Francisco Torales. En el mismo terreno hay otra vivienda y un local en el frente, en el que este hombre se metió hace tres meses, aprovechando que estaba desocupado”, relató a “Crónica” Eliana Saavedra.

La joven reside en la localidad bonaerense de San Martín, e integra un círculo familiar de nueve personas, quienes desde el momento de la usurpación son destinatarios de todo tipo de amenazas, las cuales empezaron a repetirse tras la denuncia por la ocupación del inmueble.

Fue el padre de Eliana el primero en ser advertido por sus inquilinos cuando “iba caminando por la calle y bajaron dos tipos de un auto, uno de ellos le puso un cuchillo en la garganta y le ordenó que retirara la denuncia”, reveló una de las víctimas.

Una amenaza que se cristalizó en un hecho violento hace dos semanas y en los últimos días tuvo un nuevo capítulo cuando “el fin de semana pasado entraron a mi casa, en momentos en que estaba mi hermano solo, a quien lo golpearon en la cabeza y se salvó de milagro. Pero él tiene tanto miedo por lo que estamos pasando que ni siquiera fue al hospital”.

La propiedad que desencadenó el infierno de la familia Saavedra está ubicada en Pinares al 5200, del barrio Libertador, en el partido de San Martín, a pocos metros de su domicilio, en el cual sus moradores prácticamente permanecen encerrados frente a la serie de acosos y violentas advertencias.

Al respecto, Eliana señaló que “no podemos salir de nuestra casa y si lo hacemos para cumplir con nuestras obligaciones, debemos andar con mucho cuidado. Igual, estar adentro no es una garantía porque ya nos dijeron que van a incendiar la vivienda, y las autoridades judiciales no hacen nada, estamos desamparados”.