POLITICA   15 de marzo de 2017
"No hay que ser alarmistas en cuanto a la Acordada de la Corte Suprema"
Lo dijo el legislador Marcelo Caponio, en relación a la Acordada de la Corte Suprema de Justicia que declara inaplicable la Ley 8.983 que dividió en dos al Ministerio Público Fiscal.

 

El legislador Marcelo Caponio se refirió a la acordada de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicable la norma que dividió y emancipó al Ministerio Público Fiscal. 

"La decisión de la Corte de ayer mediante la acordada se refiere no al freno de esta reforma, sino que hay cuestiones puntuales, cuestiones particulares que van surgiendo de toda la implemnetación y los cambios que estamos aprobando mediante la Legislatura y que significan trastornos para el Poder Judicial", explicó el parlamentario. 

Para Caponio, "no hay que ser alarmistas en cuanto a la acordada de la Corte Suprema, creo que hay cosas que han advertido ellos donde se tiene que llegar a un entendimiento entre los poderes para seguir avanzando y lograr aplicar este nuevo Código Procesal Penal que es lo que está reclamando la sociedad de Tucumán", sostuvo. 

La Acordada 188 lleva la firma de los cinco vocales: Antonio Gandur (presidente), René , Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse. “Sin lugar a dudas la Ley 8.983 imprimió modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que implican una profunda transformación del diseño y la estructura de la Justicia de Tucumán”, reflexionaron los vocales. Y añadieron: “se advierte que estas transformaciones estructurales impiden su aplicación actual”.

La Corte manifestó que para la correcta implementación de la norma, el Ministerio Público Pupilar y de la Defensa, y el Ministerio Público Fiscal (antes unidos en la misma institución a cargo de Jiménez) debían contar con estructuras organizacionales, personal idóneo y sistemas informáticos que permitiesen ejecutar “trascendentes funciones”. Entre otras, el alto tribunal enumeró las siguientes: formulación de anteproyecto de presupuesto de recursos y gastos; liquidación de sueldos y legajos del personal, y expedición de certificados de trabajo; procesos de compra y contratación de bienes y servicios, licitaciones públicas y privadas, concursos de precios y compras directas; procesos de liquidación y pago de gastos de movilidad, viáticos, capacitación, inscripciones, etcétera; procesos jubilatorios; procedimientos de ADN; presentación de declaraciones juradas de tributos; ingresos por Tasa de Justicia y obras públicas. 

G.I




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