El fiscal Stornelli los acusa de incurrir en graves irregularidades en la realización de obras públicas con sobreprecios y sin control. La denuncia fue promovida por la senadora Silvia Elías de Pérez, quien también en 2014 había denunciado al actual secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya. Denuncia que no prosperó tras la alianza entre Cano y el ex intendente en las elecciones de 2016.

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la citación a declaración indagatoria del exministro de Planificación Federal y actual diputado, Julio De Vido, del  actual senador, José Alperovich, y del exsecretario de Obras Públicas, José López, en una causa por presunta defraudación con la obra pública del plan “Más cerca”.

La senadora dijo a la Justicia Federal que el ex ministro de Planificación Federal y el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo encabezaron un procedimiento orquestado para defraudar al Estado nacional mediante el plan “Más Cerca”. Elías de Pérez vinculó con ese esquema a Alperovich, y a otras autoridades provinciales, municipales y comunales. No mencionó, sin embargo, anomalías en el municipio de la capital, entonces administrado por el actual secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, a quien la parlamentaria también había denunciado en 2014 por el destino de los fondos que el Gobierno nacional envió a la Capital para las obras del plan Más Cerca I.

La parlamentaria, en su momento, insistió en que existía un faltante de $ 20 millones, al realizar una comparación entre el informe que Amaya había enviado al Concejo para solicitar un readecuación presupuestaria y el expediente aportado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. 

Tras la alianza entre José Cano y Domingo Amaya en las elecciones de 2015, la denuncia de Elías de Pérez no fue ratificada ante la justicia federal por lo que no prosperó.

Además la UCR tucumana, espacio que integra la senadora, se olvida que tiene su propio “Lopecito”. El ex diputado nacional Luis Sacca es investigado, junto a otros funcionarios que incluyen a un ex rector, por el destino de $360 millones que manejaba la Universidad Nacional de Tucumán. Fracasada su pelea judicial por una banca que le garantice fueros, Sacca volvió como funcionario “sin funciones asignadas” del Rectorado.  

G.I  

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