POLITICA   18 de abril de 2017
"Nosotros nos adaptamos a todos los cambios que sean necesarios"
Lo dijo el interventor del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán, haciendo referencia a las modificaciones que planea implementar el Gobierno nacional en cuanto al manejo de los fondos para la construcción de viviendas en las provincias. En este caso, los gobernadores seguirán definiendo los proyectos junto con Interior, pero Nación les pagará directamente a los contratistas. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Vivienda, José Ramos, manifestó su preocupación.


El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda, Juan Pablo Durán, se refirió a los cambios que el gobierno nacional planea introducir en el manejo de fondos para la construcción de viviendas en las provincias.  

Al respecto dijo que "en tanto y en cuanto las obras se hagan y lleguen a la sociedad no importa quien las haga y quien las pague. Cuando Ud. más descentralizan más efecto de acción tiene", afirmó el funcionario.

Para Durán, el cambio al que apunta el Ejecutivo está relacionado "a los fondos de los programas federales de viviendas, o sea a los fondos extrapresupuestarios, y no a los Fondos Nacionales de Vivienda que tiene cada Instituto Provincial". En este sentido, explicó que "los fondos Fonavi son los que llegan automáticamente a cada provincia por Ley y no se puede cambiar por más que la Nación quiera; los otros fondos extrapresupuestarios de los planes federales si lo pueden hacer. Pueden directamente contratar y pagarles a las empresas ellos mismos, lo que sería una metodología operativa que quizás sea beneficiosa".

No obstante, agregó: "yo no puedo opinar de algo que no se puso en práctica". 

Según el titular de la Vivienda, "la idea está, esperaremos a que resuelvan y nosotros nos adaptamos a todos los cambios que sean necesarios, pero en bien en que se hagan viviendas y que bajemos el déficit habitacional", señaló. 

Consultado sobre el destino que le dieron algunas gobernaciones a los fondos destinados a la construcción de viviendas, Durán afirmó que "en Tucumán eso no ocurrió, ni el anterior gobernador José Alperovich, ni el actual gobernador Juan Manzur han tocado nada de fondos de viviendas para gastos corrientes o para otros gastos, y hemos sido auditados en estos últimos 14 años y seguimos siendo auditados, o sea que eso se puede demostrar", afirmó.

Por su parte, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Vivienda  (Si.Tra.Vi.) y Vocal 1º de la Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda (FATRAV), José Ramos manifestó su preocupación: “Es muy grave la situación. No sólo nosotros venimos sufriendo lo que representa la paralización de la obra pública, hay también otros sectores de la población que también lo vienen padeciendo, porque la obra pública motoriza toda la economía. En la actualidad, nuestra dependencia se encuentra afectada por la discrecionalidad con la cual el Gobierno Nacional le asigna obras directamente a los Municipios, produciendo el desfinanciamiento de nuestra entidad que debería ser núcleo de todo Programa de Vivienda y/o Mejoramiento Habitacional, ya que cuenta con la mayor experiencia y la mayor cantidad de profesionales, técnicos, asistentes sociales y administrativos especializados del sector. La gran cantidad de obras ejecutadas a lo largo y ancho de la provincia son prueba fehaciente de ello. Ahora, para peor, desde el Gobierno Nacional deciden implementar un paquete de medidas que configuran un ataque sistemático a los Institutos Provinciales de Vivienda de las diferentes provincias del país. Primero con las casas chinas y ahora con esto de los fondos vamos a terminar desapareciendo”, señaló el referente de la entidad gremial que nuclea a 600 trabajadores del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de la provincia de Tucumán.

A su vez, Ramos apuntó contra la administración nacional: “La Nación pretende desconocer la capacidad e idoneidad de cada IPV. Los mecanismos de control tanto nacionales como provinciales, están en vigencia actualmente. No sabemos con que fin pretenden implementar esta medida, pero entendemos que esta medida responde al pedido de empresarios inescrupulosos que seguramente serán los principales beneficiados con todo esto . Porque acá si hay algo que está claro es que hay un Gobierno Nacional que está cediendo todo el tiempo a los lobbys empresariales, y que a lo largo de estos dos años solo vimos decrecer el presupuesto asignado para vivienda. Acá también hay un claro ejemplo de la doble moral con la que se maneja el Gobierno Nacional porque los casos de estafas millonarias al Estado se realizaron justamente por que en los procesos de adjudicación directa de viviendas a entidades intermedias, se salteó a los Instituto Provinciales de Vivienda correspondientes. Y ahora lo que se pretende hacer es establecer un marco regulatorio que avale ese mecanismo”, concluyó el joven dirigente gremial.

Para concluir, eldirigente señaló que "nos gustaría poder discutir políticas habitacionales claras y concretas para los sectores humildes, porque hablar de 120000 viviendas sociales en cuatro años es algo ínfimo. En el caso de Tucumán pasamos de un ritmo de ejecución promedio de 3.000 viviendas anuales a 750. Esta situación requiere de una respuesta contundente por parte de los trabajadores que somos directamente perjudicados por eso con los compañeros de las Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda, la entidad que nuclea a los gremios de los IPV de 13 provincias, vamos a evaluar los pasos a seguir en nuestro próximo encuentro en Jujuy. Seguramente evaluaremos la posibilidad de llevar a cabo medidas de fuerza, porque los trabajadores no podemos ser rehenes de cuestiones políticas”

El Gobierno pretende quitarle a las provincias el manejo de los fondos para vivienda. En este caso, los gobernadores seguirán definiendo los proyectos junto con el ministerio del Interior, pero Nación les pagará directamente a los contratistas; el cambio se hará después de las elecciones.

Fuentes oficiales revelaron que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, pondrá en marcha en los próximos meses un mecanismo que contempla la cancelación de pagos a los contratistas de las obras de manera directa por parte del Estado, sin la necesidad de pasar por las provincias. De este modo, la Casa Rosada dio un fuerte golpe de timón, no sólo en términos económicos, sino también políticos, ya que dejará a los gobernadores sin el control de uno de los presupuestos más jugosos del Tesoro, que este año rondará los $ 19.000 millones.

Precisamente, para amortiguar ese impacto, el cambio se haría después de las elecciones de octubre.

Hasta ahora, los institutos provinciales de la vivienda, bajo el control de las gobernaciones, definen junto con el Ministerio del Interior los proyectos a realizar en cada uno de los distritos. En algunos casos también tienen una participación importante los municipios. Es lo que ocurrió en el último tramo de la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.

Por la desconfianza que le tenía la entonces presidenta, Cristina Kirchner , el Estado giraba los fondos a los jefes comunales.

Los cambios que espera concretar el Gobierno mantienen un rol importante para las provincias en la definición de las obras, pero no en el manejo del dinero.

Una vez que los fondos para pagar obras entran a las arcas provinciales, los gobernadores tienen un alto grado de discrecionalidad para definir el destino de ese dinero. Si bien hay controles de la Nación, es habitual que una provincia que enfrenta una emergencia económica o financiera use los recursos que le giró la Nación para pagar gastos corrientes antes que para cancelar una porción de las cuotas por el avance de las obras.

Hace tres semanas una comitiva de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) se reunió con colaboradores de Frigerio y les extendió una propuesta informal, sin membrete de la entidad. El documento está bajo estudio, si bien la decisión política de avanzar en esa línea ya había sido tomada.

Una fuente empresaria que suele visitar la Casa de Gobierno justificó la decisión desde la mirada oficial: "Esto les da mayor seguridad de que las obras se ejecuten", resumió.

Para los empresarios también es un avance importante, ya que no sólo acorta los tiempos entre que se extiende un certificado de avance de obra y la constructora recibe el dinero, sino que también evita gestiones con las provincias para allanar el cobro.

La urgencia de las provincias es antagónica con los intereses de la Casa Rosada. Cada vez que eso ocurre, la constructora demora el avance de las obras, por lo que no se cumplen los plazos originales previstos. 

G.I




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