POLITICA   12 de junio de 2017
Desde Tucumán tratan de explicar la baja de pensiones por discapacidad
Laura Costa dijo que "la idea es tratar de transparentar las gestiones" y de quitar el beneficio a aquellas personas que no estén cumpliendo con los requisitos. Indicó que esta revisión se hace cada dos años. Los afectados deberán dirigirse al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a la oficina de Pensiones, o llamar al 381-4218716. La pensión de discapacidad mínima es $ 4.400

El Gobierno está dando de baja pensiones a personas con discapacidad. A partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social decidió aplicar un olvidado decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión.

Al respecto, la doctora Laura Costa, Coordinadora del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Tucumán, justificó la medida al decir que es una resolución que está prevista que se aplique cada dos años.

"Es la legislación con la que nos estamos rigiendo y nos atenemos con esa legislación. La idea es tratar de transparentar las gestiones y los procesos y que las cosas lleguen a las personas que lo necesitan", sostuvo.  

La funcionaria explicó que "en estos dos años lo que se fija es que las condiciones bajo las cuales fueron otorgados los beneficios de pensión se mantengan, entonces lo que estamos haciendo a partir de las bajas es que las personas se acerquen, tanto a las oficianas del ministerio como a la de pensiones, para rever y darle de nuevo las altas si los requisitos se mantienen", señaló. 

En este sentido, agregó que "es una revisión de los requisitos a partir de los entrecruzamientos de datos", por lo que las personas que fueron afectadas por esta medida que aplicó el gobierno nacional a partir de este mes deberán dirigirse a la calle Congreso 334, de 8 a 14, o a Crisóstomo Álvarez y Alem de 7 a 13, o bien comunicarse telefónicamente al 381-4218716.

Consultada sobre los casos de aquellas personas a las que se les quitó el beneficio por tener un vehículo, respondió sin mayor precisión: "el tema de los vehículos tiene que ver con la antigüedad de los mismos, no sé que antigüedad deben tener, pero porque tenga un vehículo no se le va a caer la pensión, tiene que ver la antigüedad", manifestó. 

Según la funcionaria, este entrecruzamiento de datos "es algo que se viene haciendo, no es de ahora, y se lo hace porque lamentablemente se otorgaron pensiones a personas que no tienen ningún tipo de discapacidad", argumentó. 

Costa dijo que desde que se puso en marcha tal resolución, "hemos recibido entre 5 y 10 personas con problemas por discapacidad", más allá que esta revisión se realiza en todo tipo de pensiones. 

Por último, consultada sobre lo expuesto por la diputada Gabriela Troiano, quien dijo que "esta resolución carece de sentido porque desde el 2014 tiene rango constitucional la Convención Internacional para personas con discapacidad, que dice que no deberían ser consideradas como señala ese decreto -personas con problemas de pobreza e indigencia- sino que es un derecho adquirido”, la coordinadora del Ministerio de Desarrollo Social expresó: "yo estoy de acuerdo en rever los casos en que no han sido bien otorgadas las pensiones por estas irregularidades, lo que sí hice una sugerencia en que en las resoluciones de otorgamiento se debería hacer constar este plazo para que la gente sepa que de acá a dos años tendrían que reverse", indicó. 

Casos en los que se quitó el beneficio:

- Se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es la mínima.

- También sufrieron la baja de sus pensiones personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso formal de $ 21.000.

El ministerio que comanda Carolina Stanley reflotó el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’.

“Es un agrave error lo que están haciendo, invocan a esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de “extrema indigencia”, lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, dijo Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad y diputada nacional por el partido Socialista, que presentará una demanda en la Defensoría del Pueblo.

En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmaron que están revisando todas las pensiones. Entrecruzan datos y automáticamente dan de baja muchas de ellas. No quisieron revelar cuantas. “Estamos ajustándonos a la ley”, dijo la vocera de Stanley, Emilia Frigerio.

Otras fuentes oficiales confirmaron que la decisión de eliminar pensiones reflotando un viejo decreto está vinculado con el pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal. “La mitad de lo que recauda el Estado se lo lleva la Anses, así no hay plan de reducción de déficit que sea viable”, señalan en el Ministerio de Hacienda. “Este tema es sensible de tratar antes de las elecciones, pero la revisión de todo el universo de pensiones se discutirá también en el consejo del Salario el 27 de junio”, dijo una fuente de la cartera laboral.

La pensión de discapacidad mínima es $ 4.400 pero la mayoría cobra $ 7.000. Es el promedio, confirmaron en el Ministerio de Trabajo. Hace un año había otorgadas 1.056.504 pensiones por “invalidez”, como las denomina el Gobierno Nacional.

Alguno de los criterios que se usaron para retirar pensiones no contributiva fue que el beneficiario posea bienes, por ejemplo, un auto, siendo este bien una necesidad para muchos que no pueden movilizarse en transporte público. “Los que con dificultad tienen un techo para vivir también se quedaron sin pensión”, agrega Troiano, quien considera objetable legalmente que el ministerio omitiera realizar estudios socio ambientales a los pensionados, antes de quitarle la ayuda Clarín recibió numerosos casos de personas que dicen haber pedido explicaciones a la Anses y al Ministerio de Desarrollo Social pero no les dieron una respuesta concreta. “Hace 15 años mi hija con síndrome de down cobraba una pensión por discapacidad pero se la quitaron porque mi sueldo excede los tres salarios mínimos”, se queja Roberto. Actualmente el salario mínimo vital y móvil se encuentra en $ 8.060. Quejas como las de Roberto, que pide preservar su identidad, se multiplican por estas horas en las redes sociales.

También se repiten los casos de matrimonios en los que uno de sus miembros perdió este mes su pensión por discapacidad porque su pareja percibía una jubilación mínima, incluso en los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir la canasta básica.

G.I



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