POLITICA   8 de enero de 2018
Divide al Gobierno cómo afrontar en el Congreso el debate por la reforma laboral
En la Casa Rosada y el Ministerio de Trabajo creen que la norma debe debatirse tal cual fue enviada al Congreso; diputados y senadores oficialistas aconsejan consensuar con el PJ.

Distintas posturas se ponen en evidencia hoy en el Gobierno por la reforma laboral, la única propuesta legislativa de la ola de reformas anunciadas por Mauricio Macri que aún no fue aprobada y que el Presidente tiene en carpeta para las sesiones extraordinarias de febrero. El Gobierno no quiere repetir el escenario de protestas y choques con fuerzas de seguridad que signó en diciembre el debate por la reforma previsional.

En el despacho del ministro de Trabajo, Jorge Triaca , insisten en que el proyecto presentado por la Casa Rosada contó con el aval inicial de la CGT y que, por lo tanto, "no se toca". En cambio, las principales espadas legislativas de Cambiemos dudan de que el texto reciba el apoyo del PJ y aconsejan avanzar solo sobre los puntos en los que hay consenso, como los planes para favorecer el blanqueo, la capacitación o la extensión de licencias por paternidad.

Entre los puntos que despiertan más resistencia en el sindicalismo se incluyen la reducción del tiempo para demandar al empleador (pasará de los dos años actuales a tan solo uno de plazo) y la exclusión de ítems como viáticos, el teléfono y la movilidad en el cálculo de las indemnizaciones en caso de despido.

Entre ambas posturas, el poderoso jefe de Gabinete, Marcos Peña , insinuó que podrían permitirse modificaciones en el proyecto original "hasta que haya consenso", pero no explicitó si aceptaría dividir la norma en varias partes.

"Van todos los temas. Ya hubo una negociación larga con la CGT y los empresarios para avanzar desde un borrador al proyecto consensuado", afirmaron muy seguros, en tanto, cerca del ministro de Trabajo. "Trabajamos mucho para llegar a este proyecto que creemos que genera previsibilidad e impulsa la generación de empleo", agregaron en la cartera que conduce Triaca.

A veinte cuadras de la Casa Rosada y del Ministerio de Trabajo la visión es bastante distinta. "Hay que ver cómo termina la CGT con su discusión interna, pero sería más lógico avanzar por capítulos y arrancar con los que hay más consensos", afirmó a LA NACION una alta fuente parlamentaria. El macrista y titular de la Cámara baja, Emilio Monzó , y el senador radical y jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara alta, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), entre otros, aconsejarían por lo bajo adherir a esta postura, que evitaría una confrontación directa con el peronismo en ambas cámaras.

Entre ambas posiciones, Peña dio alguna señal de flexibilidad en la conferencia de prensa del jueves pasado en la Casa Rosada, cuando le quitó dramatismo a la norma. Habló de "algunos capítulos consensuados con la CGT, que creemos que son de baja conflictividad y, al contrario, son a favor de los trabajadores", como el blanqueo de los trabajadores en negro o los cursos de capacitación.

En tren de esperanzar a quienes buscan una salida negociada, y atento a la negativa del PJ que encabeza Miguel Pichetto en el Senado, Peña dijo que "si hay consenso se podrá avanzar y seguir discutiendo más temas, si no hay consenso se trabajará hasta que lo haya".

Optimismo
En Balcarce 50 toman con atención, pero también con pinzas las declaraciones de Pichetto, que en una entrevista con LA NACION la semana pasada descartó aún comenzar a debatir el proyecto en comisión durante febrero, porque "no vamos a jugar con los tiempos del Gobierno", y mandó a la Casa Rosada a "que primero se arregle con los sindicatos" antes de lanzarse a aprobar el proyecto, una de las promesas de Macri en reuniones de empresarios e inversores, dentro y fuera del país.

En el oficialismo estiman que los nuevos enlaces del Poder Ejecutivo con el Congreso, Fernando Sánchez y Lucía Abboud, comenzarán a trabajar el mes próximo para intentar achicar las distancias que hoy existen entre oficialistas y opositores en torno de este tema.

Por las dudas, varios diputados y senadores del oficialismo ya hablan de "reordenamiento laboral", para esquivar las implicancias negativas del término "reforma", que remite a 2001 y la denominada "ley Banelco" impulsada por el gobierno de Fernando de la Rúa, que terminó sospechada y con escándalo. "El Gobierno quiere avanzar con una reforma integral, y creemos que la están pifiando", agregó un importante dirigente de la UCR, preocupado por el curso que pueden tomar los debates parlamentarios si el oficialismo se empeña en sacar la norma de una sola vez.

"Vamos a intentar avanzar con todo el paquete, pero es muy difícil que se apruebe la ley en febrero. Seguramente en marzo estaremos debatiendo este tema", reconoció uno de los miembros del bloque Pro en la Cámara de Diputados. "El único justificativo para avanzar en febrero es que hay gente de vacaciones", agregó con ironía la fuente parlamentaria. Entre los diputados hay consenso: la discusión de la reforma previsional dejó "demasiadas heridas para intentar un tratamiento exprés" de la norma.

Más allá de la intención de no repetir situaciones conflictivas, ya se retomaron los contactos informales de miembros del Gobierno con distintos gremios para "acercarlos" a aprobar los puntos más controvertidos, que apuntan a bajar el "costo laboral" y reducir las cargas patronales. "Triaca viene de familia de sindicalistas, conoce y sabe hasta dónde se puede tirar de la cuerda. Esperemos que no fuerce los tiempos", afirmaron con una mezcla de esperanza y deseo desde un gremio destacado.

"Que lo impulse el poder ejecutivo", sostuvo Daer
La CGT no moverá un dedo para que la reforma laboral sea aprobada por el Congreso. Al menos esa es la opinión del dirigente cegetista Héctor Daer, para quien se trata de "un proyecto del Gobierno" y debe ser la Casa Rosada la que lo impulse.

"Esto fue lo que se discutió, pero no es un proyecto nuestro. Algunas cosas se han modificado, otras se han sacado totalmente, pero esto no es un proyecto nuestro ni un planteo del movimiento obrero, sino un proyecto exclusivo del Poder Ejecutivo", aseveró Daer ayer, en declaraciones a Radio El Mundo.

"Todo el escándalo que se armó con la reforma laboral fue para que pase por un tubo la reforma previsional", interpretó el dirigente del gremio de Sanidad. Y sostuvo que la CGT hubiese querido "sentarse y discutir" la cuestión previsional. "Si había que encontrar soluciones al déficit, las podríamos haber encontrado por otro lado y no sacarles el dinero a los jubilados", afirmó Daer, todavía enojado por la sanción de esa ley.

Posiciones en Cambiemos
Existen tres posturas frente al tratamiento legislativo

Jorge Triaca

Ministro de Trabajo

Insiste en la necesidad de aprobar las reformas en el ámbito laboral "tal como se acordaron con la CGT y los empresarios" en noviembre del año pasado. Considera que ya se le hicieron suficientes cambios al plan original y que el proyecto consensuado es "beneficioso para los trabajadores". Apunta, sobre todo, a las medidas que incentivan a los empleadores para que "blanqueen" a sus empleados informales, a los planes de capacitación y a extensiones de beneficios como licencias por paternidad, que pasa de 2 a 15 días.

Luis Naidenoff

Interbloque Cambiemos

El senador radical representa una postura "dialoguista", que comparten muchos de sus pares oficialistas en ambas cámaras. Sostienen que, habida cuenta del tenor de las protestas originadas en la ley previsional y la negativa del PJ a tratar la norma en febrero, la mejor vía para avanzar sería "subdividir" el proyecto original y comenzar por los puntos que no generan discusiones ni rispideces ni con los legisladores ni con el sindicalismo. Temen que un gobierno "confiado" por el resultado de octubre sufra un fracaso innecesario en el inicio de 2018

Marcos Peña

Jefe de Gabinete

.El poderoso "cerebro" del Gobierno autorizó los cambios en el borrador original que Triaca y la cúpula de la CGT negociaron en noviembre pasado. Pero, a diferencia de Triaca, dejó abierta la posibilidad de "seguir consensuando hasta ponernos de acuerdo" en febrero, cuando comience -si el PJ que encabeza Miguel Pichetto lo admite- el debate concreto del "reordenamiento laboral" que quiere la Casa Rosada. No hay de su parte una directiva clara en torno a la división del proyecto, la solución que desde el Congreso ven como más factible para evitar sobresaltos.

G.I



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