Lo dijo Carlos Ibarra, abogado de Pedro Gómez, propietario del local donde funciona una delegación del PAMI, que inició un juicio de desalojo. La demanda contra el organismo es por una presunta deuda de más de medio millón de pesos en concepto de alquileres. Piden una audiencia con el titular de la obra social a nivel nacional.


Carlos Ibarra, abogado de Pedro Gómez, propietario del inmueble donde funciona una delegación del PAMI en la Banda del Río Salí, dio detalles del reclamo que le inició su cliente al organismo público al incumplir con el pago del alquiler del local. 

El letrado explicó que el contrato se venció en julio de 2017 y que desde esa fecha vienen notificando a las autoridades de la obra social de los jubilados y pensionados para que se renueve el contrato y se realice el pago de la deuda por los meses que se deben a partir de la prescripción del contrato.

"Lo que hay que aclarar es que el contrato está vencido, venció el 31 de julio de 2017. En el momento que venció el contrato y no lo renovaron mi cliente está en condiciones de pedir la restitución del local. El problema es que la gente del Pami está hace seis meses y no abona el alquiler que mi cliente solicita", indicó Ibarra a LV12. 

Detalló que "inicialmente cuando se firma el contrato en 2014 se establece el monto de 21 mil pesos. El contrato es por tres años y con actualizaciones semestrales". Hoy la deuda ascendería a más de medio millón de pesos partiendo del "precio que mi cliente pone a partir de agosto más los intereses". 

Para Ibarra, "hay un incumplimiento de alguien responsable del Pami. Hay una cláusula en el contrato que establecía que se tendría que haber renovado el contrato a un precio determinado. Esa opción tendría que haberla usado el Pami seis meses antes del vencimiento. Al no haberse renovado, mi cliente está convencido que desde Buenos Aires no conocen la situación. Nosotros entendemos que el Pami respetó el contrato anterior, pero mi cliente está convencido que hay otras cosas en el medio como una negligencia de parte de algún funcionario del Pami que estaba obligado a la renovación. El contrato es con la institución", señaló. 

El letrado destacó que Gómez "es consciente de que se atienden a miles de jubilados todos los días en ese local, por algo también ha esperado seis meses para tratar de solucionar, pero la única respuesta que hemos encontrado del Pami fue mandar a romper el cartel que se había puesto", denunció. 

Asimismo, comentó que "para tratar de mediar de alguna manera fue el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, y la diputada nacional Gladys Medina, quien se comprometió a pedir una audiencia con el director nacional del Pami". 

Mientras tanto, aclaró que "el juicio va a seguir, pero al haber un vencimiento de contrato el juez va a ordenar el desalojo. Nosotros pedimos que se solucionen las cosas porque el Pami tranquilamente podría pagar ese alquiler". 

Respecto a las declaraciones de Alfredo Neme Scheij, titular del PAMI Tucumán, quien negó que se adeuden meses, consideró que el planteo de Gómez en la Justicia es un “mecanismo de presión” y dijo que no va a dejarse “chantajear por pseudo empresarios”, Ibarra respondió: "él dice que supuestamente se ha pagado al día, yo lo invitaría a que muestre los recibos de pago, que no mienta y que se maneje con respeto porque no sé a qué se refiere al llamarlo a mi cliente pseudoempresario". 

Para finalizar, indicó que su cliente "está dispuesto a renovar el contrato, lo único que él quiere es que le paguen el alquiler", insistió. 

G.I

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