La AFIP investiga a Orlando Canido por la presunta evasión de más de 900 millones de pesos.

Orlando Canido está acusado de liderar en Santiago del Estero y Jujuy bandas paramilitares que expulsan violentamente a miembros de pueblos originarios de sus tierras para poder desmontar y sembrar soja.

En 2016, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitaron la planta de la empresa Manaos en Virrey del Pino, La Matanza. En un breve acto anunciaron obras de ampliación del establecimiento y presentaron al dueño de la empresa, Orlando Canido, como un empresario modelo.

El miércoles pasado la Justicia, a instancias de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), allanó varios domicilios de la empresa en el marco de una causa que investiga una presunta evasión de 900 millones de pesos.

 

Sin embargo, la evasión fiscal no es el único delito por el que es investigado Canido. El polémico dueño de Manaos está vinculado a causas de usurpación de campos en los departamentos de Moreno, Juan Felipe Ibarra y Ablerdi, en Santiago del Estero así como también en otras localidades de la provincia de Jujuy.

Según denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) entre 2012 y 2016 bandas armadas al mando de Canido ocuparon más de 40 campos de distintas comunidades de pueblos originarios.

Otro empresario, Guillermo Massoni, también denunció a Canido por usurpar de manera violenta sus tierras. La justicia santiagueña investiga a Canido por los supuestos delitos de "asociación ilítica, intento de homicidio, privación ilegítima de la libertad, abuso de armas, robo y usurpación".

Por caso, en octubre del 2003 en Bajo Hondo, a unos 80 km al sudeste de Quimili, Canido, "llegó ofreciendo viviendas, tendido eléctrico y reubicación de las más de 65 familias, al no poder negociar por 4 mil hectáreas, avanzó bajo amenazas y amedrentamiento permanente, alambrando con custodia de paramilitares, parte del territorio comunitario" denunciaron desde el Mocase.

En octubre de 2014 el hostigamiento subió de tenor y la supuesta patota de Canido, según consta en las denuncias, abrió fuego, incluso en presencia de la policía de Quimilí, contra los pobladores para que se fueran. "La banda armada desalojó la carpa de resistencia que tenía la comunidad e intentó apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú" denunciaron, una vez más desde el Mocase.

"Después de amenazar de muerte a las familias y mientras un grupo tenía apuntando a los niños y mujeres de la comunidad, otro grupo prendió fuego a dos viviendas, a los corrales, destruyó bebederos y largaron veneno y escombros al único pozo de agua potable de la comunidad" denunció uno de los campesinos afectados.


Una vez en poder de las tierras Canido avanza con el desmonte ilegal con topadoras para poder cultivar soja.

Greenpeace no utilizó eufemismos para describir la situación: "El avance de los desmontes ilegales viene asociado al incremento de los conflictos violentos por parte de los desarrolladores agropecuarios con el objetivo de desalojar a las comunidades. Los que deforestan ilegalmente deben ser considerados delincuentes y Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, es un claro ejemplo".

Compartir

Comentarios