"Implica un desconocimiento de la realidad tucumana, de los sectores más vulnerables y una total desconfianza de los estados provinciales”, afirmó el subsecretario de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales, Guillermo Socolsky.


“Hacemos Futuro”, es el nombre que eligió el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para aglutinar a partir de ahora a los programas “Argentina Trabaja, Ellas Hacen" y “Desde el barrio" (vigente sólo en Buenos Aires).

El subsecretario de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social provincial, Guillermo Socolsky realizó críticas a esta modificación, sobre todo por la ejecución de la nueva modalidad del programa nacional.

“Los 20 mil titulares (13 mil del Ellas Hacen y 7 mil del Argentina Trabaja) que estaban bajo el ente ejecutor titular de la provincia pasan a este nuevo y hay tres nuevas contraprestaciones”, comentó.

Una de ellas es la renovación de los datos del titular en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). “Hay muchos que no saben como hacerlo, no tienen internet o el organismo no tiene la capacidad operativa para hacerlo”, observó Socolsky.

El segundo cambio tiene que ver con la obligatoriedad de la terminalidad educativa. “Son declaraciones de buenas intenciones porque se debe destinar fondos, recursos y gente, abrir más escuelas para este fin, disponer de personal socioeducativo y pensar en un dispositivo de desarrollo y ofertas de educación para que sea mas accesible”, explicó.

"Más allá de los cambios, nosotros vamos a seguir cuidando a los titulares del programa porque para nosotros el principal objetivo es poder aumentar la empleabilidad de ellos”, indicó Guillermo Socolsky. 

El tercer punto que se reformó es la formación integral. “Nos parece una buena idea pero estamos en desacuerdo que la modalidad sea solamente aúlica sin impacto sociocomunitario”, señaló Socolsky. El funcionario explicó que antes “esta formación tenía algún grado de vinculación con el mercado laboral tucumano”, porque los que aprendían oficios podían obtener otros recursos al margen del pago de la ayuda, que ronda los $ 4.500.

“Esto implica un desconocimiento de la realidad tucumana, de los sectores más vulnerables y una total desconfianza de los estados provinciales que los ponen al mismo nivel de una ONG o una fundación”, finalizó el funcionario.

Estos cambios fueron notificados a Socolsky el miércoles pasado cuando fue recibido por Matías Kelly, secretario de Economía Social de Desarrollo de Nación. 

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