A fines de 2014 se había aprobado una norma con idéntico objetivo, pero es inaplicable para los procesos actuales.

La ley contra los “motochorros”, vigente desde diciembre de 2014, ha fracasado en su aplicación. Por eso, a tres años y cuatro meses de haber sancionado esa norma, la Legislatura aprobará un proyecto con idéntico objetivo: endurecer el proceso penal contra los ladrones motorizados para evitar la “puerta giratoria” en Tribunales.

La iniciativa llegará el jueves próximo al recinto, y su redacción contempla otras dos modalidades de robo que están en boga: los rompevidrios, que atacan a los automovilistas cuando se detienen; y los escruchantes, que aprovechan cuando los dueños de casa salen para meterse y desvalijarlos.

El texto fue presentado ayer a las 15 por el titular subrogante de la Cámara, Fernando Juri (PJ). Minutos antes, en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque del oficialismo y de la oposición también pusieron su firma. Se descuenta que la propuesta reunirá los votos necesarios para obtener fuerza de ley.

La redacción está basada en el anteproyecto que entregó el martes el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, en una visita a la sede legislativa de Muñecas 951.

Al día siguiente, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y miembros del cuerpo colegiado se reunieron con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Daniel Posse -presidente-, Antonio Gandur y Claudia Sbdar, para poner a su consideración la iniciativa. “Como poder del Estado, (la Legislatura) dispone de las facultades para producir los cambios que juzgue correctos. No sabemos si estos serán beneficiosos o no. En su debido momento analizaremos si se ajustan a la Constitución”, explicó Posse luego del encuentro.

El vicegobernador por su parte confía en la aplicabilidad del proyecto, que apunta a habilitar la prisión preventiva en contra de los detenidos por motoarrebatos, por robos a casas sin moradores y por romper vidrios de autos para sustraer bienes. “Este es un aporte importante al Poder Judicial de la Provincia”, indicó Jaldo ayer.

La Legislatura ya había aprobado una disposición similar a fines de 2014, aunque sólo contemplaba a los motochorros. La ley 8.747 autoriza al dictado de la prisión preventiva “en casos de delitos de robo en la vía pública, cuando el hecho implique grave peligro psicofísico para la víctima o cuando sea evidente el aprovechamiento de circunstancias de mayor vulnerabilidad de la víctima, en razón a su edad o condición (menores, ancianos, discapacitados), o por los medios de movilidad utilizados o características del lugar del hecho”, expresa. Aunque la norma está vigente desde fines de la gestión del ex gobernador, José Alperovich, no es operativa porque se la considera inconstitucional.

El Código Penal Argentino, cuya sanción es competencia del Congreso de la Nación, establece penas de hasta dos años para hurtos y de hasta seis años para robos violentos, por lo que estos delitos son excarcelables, sobre todo si el imputado no registra una condena firme. Si bien existen circunstancias agravantes -como el uso de armas- y en el proceso penal de la Provincia está prevista la detención en flagrancia -que habilitaría la prisión preventiva-, la regla es la libertad del acusado, salvo riesgos de fuga o de entorpecimiento de la pesquisa.

En este marco, los legisladores pretenden añadir dos párrafos al Código Procesal Penal de Tucumán para que jueces y fiscales puedan disponer el arresto provisorio de un motochorro. “Específicamente se podrá dictar prisión preventiva hasta la finalización del proceso para aquellos desapoderamientos cometidos en la vía pública, mediante la utilización de motocicletas o cualquier tipo de transporte o vehículos en general”, señalaron. Además, incluyeron un nuevo agravante: que la víctima sea mujer. Si bien no mencionan a los rompevidrios, entienden que las circunstancias descriptas abarcarían esa modalidad.

Sí figuran los escruchantes. La intención es que sí proceda la prisión preventiva “cuando se cometan desapoderamientos en casas, viviendas, oficinas o lugares cuya residencia sea temporaria, ante la ausencia de los propietarios o sus ocupantes”, expresa el proyecto.

“Como representantes del pueblo, no podemos ser ajenos a esta problemática que afecta a todos; mucho menos desconocer estas modalidades”, consta en fundamentos. Además de Juri, pusieron su rúbrica el peronista Juan Ruiz Olivares (vicepresidente 1°), el radical Ariel García (vicepresidente 2°), y los jefes de bloque Ramón Santiago Cano (PJ-Tucumán Crece), Eduardo Bourlé (Trabajo y Dignidad), Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular), Claudio Viña (Nueva Fuerza), Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos), Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario), José Canelada (UCR) y Luis González (Arturo Illia).

Fuente: La Gaceta

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