El presidente de la Suprema corte pidió que se agilizen la ocupación de las vacantes y Regino Amado anunció las designaciones correspondientes.

El Poder Ejecutivo nombrará jueces permanentes y temporarios cuando finalice las paritarias con los gremios estatales. Regino Amado, ministro de Gobierno y de Justicia, expresó ayer que esperaba concluir las negociaciones salariales el viernes. “La semana próxima designaremos todos los magistrados que podamos”, manifestó el funcionario respecto a la reiteración del pedido de nombramientos que hizo Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El vocal había advertido que la aplicación de la reforma procesal penal adoptada en 2016 y postergada hasta febrero demanda la cobertura de las vacantes.

El Gobierno de Juan Manzur acumula cinco ternas para designaciones en propiedad o definitivas. Además, recibió otras tres listas para cubrir provisoriamente otras tantas defensorías públicas (una de Menores) en Concepción: con estos primeros despachos debutará el régimen de jueces subrogantes con mandato por 24 meses extensibles a 36 sancionado hace un año por iniciativa del oficialismo, la figura carece del atributo de la estabilidad que es una de las garantías de la independencia, según la Constitución Nacional. En paralelo, el Poder Ejecutivo adeuda desde comienzos de 2017 el nombramiento del primer ministro público de la Defensa, cargo creado justamente por las demandas organizativas del nuevo Código Procesal Penal. Respecto de este último puesto de importancia capital para la implementación del digesto, Amado dijo que no había recibido instrucciones y que no podía adelantar nada sobre su definición (se informa por separado).

“Es importante aclarar que nosotros (la Corte) impulsamos la reforma del proceso penal en 2012”, expresó Posse . El jefe del alto tribunal admitió que la remodelación había sufrido retrasos, y que algunas demoras, como la adecuación edilicia y de capacitación, eran imputables a su institución. Pero precisó que faltaban leyes y magistrados, cuestiones que dependen respectivamente de la Legislatura y del Poder Ejecutivo. “Estamos ante un cambio de paradigma importante (en esencia, suprime el expediente de papel e incorpora la oralidad a la etapa previa al juicio). Entendemos que los poderes políticos nos acompañan porque así se han manifestado”, evaluó Posse. En cuanto a la necesidad de postergar una vez más la aplicación del nuevo código luego del vencimiento de la prórroga de abril (pasó para febrero), el vocal explicó que había habido una confusión. “Asumimos el error de implementación”, dijo.

Compartir

Comentarios