El fiscal Navarro Dávila, quien está llevando el caso, está convencido de que los controles municipales son demasiado laxos. Por su parte, la Municipalidad sostiene que hace las tareas que mandan las ordenanzas.

 

El derrumbe en un edificio de pozo de avenida Mate de Luna al 2000, que se registró el miércoles por la noche, desató una serie de cruces entre la fiscalía que entiende el caso y los funcionarios del municipio capitalino. 

El fiscal Washington Navarro Dávila está convencido de que los controles municipales son demasiado laxos. Mientras que desde la Municipalidad sostienen que hacen las tareas que mandan las ordenanzas. Además, los funcionarios insisten en las reponsabilidades de los profesionales de la construcción.

Ayer, el intendente Germán Alfaro convocó a la Cámara de Empresarios de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit) y les pidió que reforzaran los controles internos en las obras.

El jefe municipal dijo además que se reunirá con el rector de la UNT, José García, para ver si los académicos podrían realizar estudios de suelo en los sectores críticos de la ciudad. 

Las normas municipales establecen que el propio constructor debe requerir la inspección de la Municipalidad. Eso es algo que la oposición a Alfaro pretende cambiar, a partir de un proyecto de ordenanza presentado ayer. 

Para la Municipalidad, hasta ahora, el derrumbe es más un caso entre privados que un asunto público: la constructora de Miguel Galindo deberá dar explicaciones a los damnificados, en este caso la familia de Ángel Ale. 

En este sentido, el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, sostuvo que a la empresa no le caben sanciones porque las ordenanzas no lo prevén.

Defensa Civil, en tanto, tampoco piensa tomar medidas ya que el problema no afectó la vía pública.

Foto: Franco Vera

Compartir

Comentarios