La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de postergar la indagatoria de la expresidenta.

La ex presidenta se presentará en los tribunales de Comodoro Py por orden del juez Sebastián Casanello. El magistrado no aceptó el pedido de postergar la audiencia.

 

Las noticias judiciales que golpean a Cristina Kirchner sumarán este martes un capítulo más. Es que tras el procesamiento en el caso de los cuadernos de las coimas, la expresidenta deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fue convocada para prestar declaración indagatoria en la causa por presunto lavado de dinero por la cual está detenido el empresario Lázaro Báez.

La senadora nacional había intentado dejar sin efecto la citación, pero este lunes la Cámara Federal porteña rechazó el planteo que hizo contra los jueces de ese tribunal.

Fuentes judiciales informaron que los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens rechazaron por "improcedente" el pedido de recusación en su contra formulado por la defensa de la senadora de Unidad Ciudadana, por lo que quedó ratificada la indagatoria prevista para este martes a las 10.30.

Los dos camaristas le habían ordenado al juez federal de primera instancia Sebastián Casanello que citara a la exmandataria en la causa por las maniobras de lavado de dinero realizadas a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

Hasta el momento, Casanello había evitado llamar a la senadora, pese a los pedidos en ese sentido del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso. El juez considera que Cristina es investigada por los mismos hechos en el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez.

La causa por "la ruta del dinero K" en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, que va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo, y tiene unas 20 personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar. Todos están acusados de formar una banda dedicada al lavado de dinero, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI.

Por el caso, Báez se encuentra detenido desde abril de 2016, luego de que se conociera un video de "La Rosadita" en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares.

Para los jueces, "se corroboró suficientemente la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A. además de la adquisición de bienes y servicios".

El procesamiento por los cuadernos de las coimas
Mientras tanto, este lunes Bonadio procesó y dictó la prisión preventiva para la exmandataria. Sin embargo, para que esta medida se concrete deberá enviar un pedido de desafuero al Senado, que se encargará de definir su situación. El procesamiento también alcanzó a otros exfuncionarios kirchneristas del entonces Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y a una gran lista de empresarios que se habían convertido en "imputados colaboradores" en la causa.

Para el juez, la investigación comprobó que desde el Ejecutivo se montó un aparato para "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".

De acuerdo a su investigación, durante un periodo cercano a los ocho años los exfuncionarios que se encargaban de recaudar los sobornos fueron Baratta; subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Ministerio de Planificación; Nelson Lazarte, secretario privado de Baratta; Hernán Camilo Gómez, funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación; Fabián García Ramón, director nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio Planificación; Rafael Enrique Llorens, subsecretario legal del Ministerio de Planificación; y Walter Fagyas, presidente de ENARSA. La mayoría de las veces, el dinero era trasladado por Centeno.

Con respecto a cómo funcionaba la operación, el magistrado indicó que, después de llevarse su parte por sus tareas, le entregaban los fondos recaudados a otros funcionarios, como José María Olazagasti, secretario privado de Julio De Vido; Hugo Martín Larraburu, coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros; Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete de Ministros; y Héctor Daniel Muñoz, secretario privado de la Presidencia.

De esa forma, la instancia final se completaba cuando se derivaba el dinero "a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido".

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