Convocará a una comisión para analizar cambios en el regimen penal juvenil. El eje será la comprensión de la criminalidad.

El presidente Mauricio Macri pretende bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, según anticipó en su edición de este miércoles el diario Clarín.

Apenas vuelva de sus vacaciones en Villa la Angostura, Macri firmará un decreto para convocar a una comisión especial encargada de analizar y elaborar un anteproyecto de reforma del régimen penal juvenil, según el anticipo. 

El proyecto se conoce en el contexto de la muerte violenta de Brian Aguinaco, un chico de 14 años asesinado de un tiro en la cabeza en Flores, un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presunto autor del homicidio, otro chico de 15 años, está detenido.
 
“Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada. En esa discusión se pondrá sobre la mesa el tema de la edad de imputabilidad pero, principalmente, el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal”, dijo el ministro Germán Garavano.
 
"Hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político", dijo Garavano este miércoles a radio Nacional.

Agregó que la idea es comenzar "una discusión seria" durante el 2017, pero que el tratamiento legislativo "se dé recién en 2018, lejos de las elecciones" legislativas.

Garavano reconoció que "la gente de Unicef no coincide" y señaló que respetaban esa opinión, que también "estará sobre la mesa de discusión" de la ley.

El eje sobre el que se determinará la imputabilidad será la comprensión de la crimininalidad del acto cometido, que deberá ser probada por el fiscal.

 
“La realidad demuestra que en el sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayormente jóvenes”, aportó el ministro.
 
“Nuestro objetivo es que en el futuro haya menos jóvenes en conflicto con la ley penal; que cada vez sean más los que estudien y trabajen, y que sean valorados socialmente para lograr una sociedad más pacífica”, remarcó el ministro Garavano.
 
Críticas de Correpi

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) salieron a criticar el proyecto oficial. "Nos saturan desde los medios hegemónicos con afirmaciones como que, en Argentina, ser menor de 16 años es tener licencia para matar. Silencian que, con las actuales leyes vigentes, ningún pibe, culpable o inocente, es impune si es pobre. Si tiene más de 16 años, va a juicio como cualquiera, sólo que lo juzga un tribunal que tiene un cartelito en la puerta que dice menores, y, en lugar de ir a una cárcel, va a un instituto, como el Rocca, el San Martín o el Belgrano, donde el mismo cartelito es la única diferencia. Y si tiene 13, 14 o 15 años, es todavía peor. Es cierto que no se lo juzga ni se le aplica una pena, porque es “inimputable”, pero el juez tiene la potestad de decidir que debe ser internado en algún instituto, o, si tiene suerte, es adicto y hay cupo, en alguna comunidad terapéutica. En uno u otro caso, en algún momento va a salir, abusado, violado, embrutecido, mucho más adicto de lo que entró, y listo para que lo fusile el primer policía con el que se cruce en el barrio", escribieron en un comunicado. 

Para la organización, que denuncia los abusos policiales y judiciales, en particular contra menores, el debate esconde trampas.

"Tanto las leyes provinciales ya vigentes, como los diferentes proyectos existentes y que se vienen, declaman con cuidado cuanto derecho y garantía procesal recordaron sus autores, e invocan a cada paso la constitución y pactos internacionales. Así, empaquetan con un velo políticamente correcto la sujeción de pibes de 14 años a un régimen penal similar al de los adultos, que ni siquiera excluye el arbitrario procedimiento sumarísimo y sin defensa de la flagrancia", advierten.

"Parte del discurso para la tribuna –señalan– se nota cuando hablan de la necesidad de que los procesos sean rápidos, y que todo el trámite, desde su inicio hasta la sentencia, dure un año o menos. Cualquiera que camine los tribunales sabe que sólo se pueden cumplir esos plazos con condenas express, usando los juicios abreviados, en los que toda la actividad del defensor oficial se reduce a la extorsión (´firmá el abreviado, pibe, te conviene´), o con el sistema de la flagrancia. Esos mecanismos, aplicados a la realidad material de los chicos que son judicializados en nuestro país, los más pobres y vulnerables, son formidables herramientas de disciplinamiento social, que no consagran el “derecho al debido proceso”, sino el derecho a la condena".

Fuente diaadia.com.ar

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