La Iglesia, a través de la Comisión Episcopal de Migraciones y Turismo, rechazó el endurecimiento de los controles de ingreso al país de extranjeros, que el Gobierno implemento a través de un DNU firmado por el presidente Mauricio Macri, por considerar que "vulnera derechos constitucionales".

El organismo episcopal, que preside el obispo jesuita Hugo Salaberry, aseguró que no existe dato alguno que "justifique la necesidad o urgencia de la reforma de la Ley de Migraciones a través de un DNU".

"Si bien el DNU está dirigido a enfrentar la criminalidad, puede afectar los derechos de las víctimas de delitos", aseveró en un comunicado, y reclamó: "Necesitamos convertir hostilidad en hospitalidad, rechazo en acogida". Y agregó: "El DNU vulneraría derechos constitucionales garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. (Convención sobre Derechos del Niño, la Convención de Derechos de Trabajadores Migrantes y sus familias, la Convención de Derechos Humanos)".

"Frente al riesgo de una grave vulneración a los derechos de los migrantes establecidos en la Ley 25.871, recordamos las palabras de Francisco: 'La Iglesia apoya a todos los que se esfuerzan por defender los derechos de todos a vivir con dignidad'", agregó citando el mensaje del pontífice para la Jornada Mundial del Migrante de 2016.

El Gobierno nacional oficializó a través de un DNU la modificación de Ley de Migraciones, con el objetivo de acelerar los procesos de deportación e ingreso al país de extranjeros que hayan cometido delitos.

El decreto 70/2017 del Poder Ejecutivo habla de "hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento", donde "el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera".  

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