El organismo episcopal, que preside el obispo jesuita Hugo Salaberry, aseguró que no existe dato alguno que "justifique la necesidad o urgencia de la reforma de la Ley de Migraciones a través de un DNU".
"Si bien el DNU está dirigido a enfrentar la criminalidad, puede afectar los derechos de las víctimas de delitos", aseveró en un comunicado, y reclamó: "Necesitamos convertir hostilidad en hospitalidad, rechazo en acogida". Y agregó: "El DNU vulneraría derechos constitucionales garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. (Convención sobre Derechos del Niño, la Convención de Derechos de Trabajadores Migrantes y sus familias, la Convención de Derechos Humanos)".
"Frente al riesgo de una grave vulneración a los derechos de los migrantes establecidos en la Ley 25.871, recordamos las palabras de Francisco: 'La Iglesia apoya a todos los que se esfuerzan por defender los derechos de todos a vivir con dignidad'", agregó citando el mensaje del pontífice para la Jornada Mundial del Migrante de 2016.
El Gobierno nacional oficializó a través de un DNU la modificación de Ley de Migraciones, con el objetivo de acelerar los procesos de deportación e ingreso al país de extranjeros que hayan cometido delitos.
El decreto 70/2017 del Poder Ejecutivo habla de "hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento", donde "el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera".