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Maduro convocó a una Constituyente "popular" para reformar la Constitución

El presidente de Venezuela busca "refundar" el país con una nueva Carta Magna.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una Constituyente "popular" para redactar una nueva Carta Magna, cuyos integrantes serán elegidos por sectores de la sociedad y no por voto universal.

"Convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita el país, para derrotar el golpe fascista, una Constituyente ciudadana, no de partidos políticos. Una Constituyente del pueblo", dijo Maduro, ante miles de seguidores congregados en el centro de Caracas por el Día del Trabajador.

El anuncio del mandatario ante millares de adeptos tiene lugar ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de convivencia con los opositores, a los que acusa de intentar dar un golpe de Estado en su contra. "Un golpe de Estado como el que está activado solo se derrota con la unión cívico militar y con el poder constituyente", afirmó.

Maduro indicó que activará una "Constituyente ciudadana, no de partidos políticos", por lo que la misma sería "electa con el voto directo del pueblo para elegir unos 500 constituyentistas, aproximadamente", al tiempo que "unos 200" serían elegidos directamente por los movimientos sociales como los sindicatos, el "poder popular", los indígenas, grupos de la "sexodiversidad" o las mujeres organizadas.

Sin embargo, el gobernante no aclaró si la Constituyente se encargaría de redactar una nueva Constitución o se limitaría a reformar la actual Carta Magna, aprobada por referéndum en diciembre de 1999 tras un proceso convocado por el fallecido presidente Hugo Chávez, el padre de la Revolución Bolivariana que ahora lidera Maduro.

Maduro sostuvo que la Asamblea Constituyente tendría como objetivo "reformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional (Congreso unicameral) podrida que está allí", que cuenta con una clara mayoría opositora tras las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2015.

Tras juramentarse la nueva Asamblea Nacional en enero de 2016, la oposición prometió que su principal objetivo sería sacar a Maduro de la presidencia ese mismo año activando un referéndum revocatorio en su contra, pero finalmente los tribunales terminarían anulando el proceso.

Paralelamente, la instalación de la Asamblea Nacional derivó en un choque entre el Legislativo y los demás poderes del Estado, a los que la oposición acusa de estar subordinados a Maduro, lo que derivó en que el año pasado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara al Parlamento en "desacato" por juramentar a tres diputados cuya elección había sido suspendida por el propio máximo tribunal.

El "desacato" causó que la virtual totalidad de las decisiones emanadas desde la Asamblea Nacional hayan sido anuladas por el Poder Judicial, por lo que la oposición ha denunciado que Maduro ha llevado adelante un "golpe de Estado continuado" o un "autogolpe" contra el Parlamento.

Para reducir las tensiones, la Unasur con el apoyo del Vaticano intentó activar un proceso de diálogo político entre la oposición y el Gobierno, pero el mismo terminó en un fracaso por la falta de concesiones de ambos bandos.

La oposición ha exigido al Gobierno liberar a los llamados "presos políticos", restituir las competencias de la Asamblea Nacional, permitir la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela y una salida electoral a la crisis, pero Maduro descartó acceder a estas peticiones por considerar que eran inconstitucionales.

Maduro aseguró que el objetivo de la Constituyente sería plasmar en la Constitución y las leyes los derechos sociales ganados durante la revolución bolivariana como las misiones de salud, el acceso universal a las pensiones o el derecho a la alimentación y las tierras para los campesinos.

El mandatario subrayó que tomó esta decisión "para ganar la paz, para vencer el golpe de Estado", ya que "un golpe de Estado como el que está activado sólo se derrota con la unión cívico-militar y la Constitución en la mano".

Maduro señaló que esta misma noche firmaría el decreto que establecería la Comisión Presidencial Constituyente liderada por el dirigente oficialista Elías Jaua, para que "lleve la propuesta a consulta de las bases populares de todo el sistema de elección y se establezca con claridad el poder plenipotenciario de este poder".

El presidente, sin embargo, reconoció que su llamado también acarreaba riesgos, ya que una victoria opositora en la consulta significaría que sus adversarios tendrían el control de un organismo "plenipotenciario", cuyas competencias estarían por encima de todos los poderes.

G.I

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