Los fiscales Pollicita y Mahiques le solicitarán además al juez Ercolini que cite a otros 17 imputados en la causa.


En la causa Hotesur se investiga a los Kirchner y a Lázaro Báez por lavado de dinero, por el alquiler y administración del Hotel Alto Calafate por el empresario, que está detenido desde el año pasado en la causa por La Ruta del Dinero K. Dos fiscales, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques (que impulsaron el caso por corrupción en la obra pública) pedirán en los próximos días que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, además del titular de Austral Construcciones, su hijo Martín Báez y otras 17 personas.

La solicitud se presentará ante el juez de la causa, Julián Ercolini, e incluirá el pedido de inhibición general de bienes. En su reclamo ratificarán que mientras Báez acaparaba la obra pública en Santa Cruz le garantizaba a los Kirchner ingresos millonarios por del alquiler de sus hoteles. Los fiscales plantearán además el perjuicio al Estado que generó el empresario, ya que no sólo la mayoría de las obras no se terminaron, sino que además hubo sobreprecios promedio del 65%.

La hipótesis es que parte de los fondos que recibieron los exmandatarios y sus hijos fue "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad", lo que les aseguraba poder declarar esos ingresos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco "ocultando su verdadero origen", plantearán los funcionarios judiciales, consigna Clarín.

El empresario K administró los hoteles a través de la sociedad Valle Mitre SRL y le garantizó a los Kirchner $ 27 592 110 desde 2009 a 2013, en concepto de alquiler. Todo diseñado "para mantener en marcha el negocio y poder abonar los cánones locativos" a los expresidentes y sus hijos. Se indicará que los fondos eran "despojados de su origen ilícito" a partir de un esquema de blanqueo, lo que habría generado una defraudación al Estado.

Los fiscales plantearán el período entre 2008 y 2013 como los años en que se hicieron estas maiobras de lavado, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, que le otorgaron importantes contratos de obra pública a Báez y que luego se beneficiaron al darle el manejo de sus hoteles. Los funcionarios judiciales calificarían de "sociedad pantalla" a Valle Mitre, al considerar que era usada para blanquear dinero que venía "del delito precedente" y aplicarlo al negocio, a partir de la falsa contratación de habitaciones y de salones, simulada a través de servicios de consultoría y marketing.

G.I

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