El Juez Poviña hizo lugar al requerimiento de la fiscalía y los ex funcionarios de la UNT deberán concurrir a los Tribunales en calidad de imputados por estafa con fondos de YMAD.

El juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, citó a declaración indagatoria al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas; Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; y Olga Graciela Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias. Todos fueron funcionarios entre 2006 y están implicados en una causa que cuestiona el manejo de fondos de la minera Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).
 
Los ex funcionarios deberán concurrir ante la presencia del juez en la primera semana de abril en calidad de imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública y malversación de fondos. Los cuatro imputados comparten uno o dos de esos mismos delitos.
 
“Realmente, la estafa a la administración pública significó para la UNT un daño patrimonial que alcanza ribetes de escándalo, mucho más porque se trata de una institución que forma líderes políticos y empresarios. No son pobres robando por necesidad, sino que delinquen por ambición”, dijo el abogado Oscar López, quien denunció penalmente al ex rector.
 
Además de la acusación por manejo irregular de los fondos que la UNT recibió de YMAD entre 2006 y 2009 y la creación de un “Régimen especial de contrataciones”, en el pedido de indagatoria se expone que Cerisola puso bajo su órbita a la Dirección de Construcciones Universitarias, a cargo de Cudmani, quien “convocó a licitación sin respetar la Ley Nacional de Obras Públicas, autorizó el pago de sobreprecios tanto en obras nuevas como en refacciones”. En algunos casos los montos extras fueron del 194%.
 
También está en la mira la colocación de fondos que recibió de YMAD en entidades bancarias que, en algunos casos, son de tercera y cuarta línea. Esta inversión financiera -según consta en los expedientes- habría dejado unos $56 millones en concepto de intereses, cuyo destino no ha sido informado con claridad, según la denuncia.

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