A través de una acordada, el máximo tribunal dispuso que rija a partir de febrero de 2019.


La Corte Suprema de Justicia de Tucumán frenó la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en Concepción y Monteros por considerarla “imposible”. La medida fue adoptada mediante una acordada emitida tres días después del vencimiento de la primera prórroga legal que era el 1 de abril de 2018. 

El instrumento fue firmado por los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur (en disidencia parcial) y Antonio Estofán (Claudia Sbdar, la quinta integrante del cuerpo, está de licencia). 

La decisión administrativa establece una tercera meta para la implementación del digesto sancionado en 2016, primero de febrero de 2019, además de que acota el debut sólo a la jurisdicción de Concepción. 

En el primer día hábil judicial después de la Semana Santa, los Tribunales de Concepción y Monteros, y el foro en general se encontraron con que el digesto que introduce modificaciones sustanciales en el sistema de persecución del delito había entrado técnicamente en vigencia puesto que no había habido una decisión formal de postergarla, pese a que Posse había admitido que ello era inviable en distintas ocasiones.

Horas antes de la rúbrica de la Acordada 275/18, la Legislatura que preside Osvaldo Jaldo había decidido analizar el requerimiento de Posse. Hoy, a las 11, se reunirán los miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales mientras que mañana harán lo propio los integrantes de los distintos bloques. Resta definir qué impacto tendrá la decisión, y si los legisladores aceptarán que la Corte aplace el nuevo código o dictarán otra ley. 

Foto: La Gaceta

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