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El PT confía en que Lula quede libre y prepara la resistencia

Los abogados del líder del Partido de los Trabajadores solicitaron que la Corte Suprema se expida sobre la posibilidad de no hacer efectivas las penas antes de una sentencia definitiva.

El Partido de los Trabajadores (PT) confía en que la prisión del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en esta ciudad será temporal. Es más, ya tiene fecha marcada en rojo para una eventual liberación de su líder máximo, favorito para las elecciones de octubre: este miércoles. Ese día, el Supremo Tribunal Federal (STF) podría rever su jurisprudencia sobre el cumplimiento de las penas tras condenas en segunda instancia.

"Nuestra expectativa es que la Corte consiga analizar esta semana una acción declaratoria de constitucionalidad para que se vuelva a considerar que las penas de prisión solo deben ejecutarse una vez que haya una sentencia definitiva. Mientras tanto, se debe mantener el principio de presunción de inocencia garantizado en la Constitución", señaló a la nacion el abogado petista José Eduardo Cardozo, exministro de Justicia de Dilma Rousseff y su defensor en el proceso de impeachment.

Cardozo fue una figura clave en las negociaciones que el PT mantuvo con la Policía Federal para convencer a Lula de abandonar su atrincheramiento en el sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo y permitir que agentes federales pudieran cumplir la orden de detención decretada por el juez federal Sergio Moro. Mientras los sectores más duros del partido proponían resistir, Cardozo persuadió al exmandatario de que debían evitarse escenas que podrían agravar su situación procesal.

"Creemos que la orden del juez Moro fue acelerada arbitrariamente y que hay maneras de revertirla. Lula no está por encima de la ley, pero tampoco debe estar por debajo", afirmó Cardozo.

El año pasado, en el marco de la operación Lava Jato, el juez Moro halló a Lula culpable de haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario de Guarujá como soborno a cambio de garantizarle a la empresa contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010). Los abogados de Lula apelaron el fallo, pero en enero, el Tribunal Regional Federal de la 4» región (TRF-4), en Porto Alegre, confirmó la sentencia y expandió la pena de reclusión a 12 años y un mes.

Desde entonces, la defensa del expresidente buscó en vano evitar la prisión de Lula a través de recursos ante el propio TRF-4, y luego con pedidos de habeas corpus preventivos en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) e incluso el STF. Ahora el PT ha presionado a la Corte Suprema para que juzgue una acción declaratoria de constitucionalidad sobre cuándo deberían empezar a cumplirse las penas luego de una condena en segunda instancia.

El juez Moro y los fiscales de la operación Lava Jato han advertido que una modificación de esa jurisprudencia llevaría a la liberación de políticos y empresarios ya condenados por corrupción en segunda instancia. Y que de esa manera se garantizaría la impunidad de los más poderosos, y que quedarían también en libertad reos culpados por crímenes más graves.

"En el caso de condenados por crímenes peligrosos, un juez siempre puede decretar una prisión cautelar por el riesgo que significaría para la sociedad. ¿Qué riesgo representaría Lula libre? Solo es un riesgo para quienes no quieren que sea candidato a las elecciones de octubre", destacó Cardozo.

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