La obligación será impuesta por ordenanza. Por tal motivo, para mañana se convocó a una sesión para debatir la iniciativa, que adhiere a una ley provincial sancionada en 2016.



Los jefes de bloques y autoridades del municipio capitalino convocaron para mañana a una sesión para que el Concejo apruebe una ordenanza a los efectos de obligar a todos los funcionarios de San Miguel de Tucumán a realizarse análisis toxicológicos. De este modo, los ediles adherirán a una ley provincial sancionada en 2016.

Mientras tanto, los concejales del Bloque Tucumán Crece, junto al presidente del Concejo Deliberante, Armando Cortalezzi, decidieron someterse a los estudios toxicológicos, tal cual lo hicieron la semana pasada sus pares de la opisición y funcionarios municipales.

"Hemos asistido todos los concejales del bloque Tucumán Crece, junto al presidente del cuerpo, Armando Cortalezzi, nos hicimos los estudios correspondientes, a los efectos de determinar la importancia de hacerse estos estudios que brindan transparencia  para la comunidad", señaló el concejal David Mizrahi, quien agregó que los resultados estarán aproximdamente dentro de una semana o 15 días. 

Para el edil, el objetivo es "cumplir con el procedimiento al que habíamos quedado de acuerco con el intendente de la capital, utilizando el único procedimiento legal que conocemos que es la Ley 8850".

El tratamiento del proyecto se produce luego de la pelea política entre el intendente Germán Alfaro, y los concejales de la oposición, tras el veto total que impuso el municipio a la ordenanza que creaba el boleto educativo universitario y terciario en la capital. Tras el rechazo a la norma sancionada, Alfaro le sugirió al presidente del Concejo, Armando Cortalezzi, que los ediles deberían aprobar ordenanzas que pudieran aplicarse.

Cortalezzi insistió en que Alfaro buscaba desviar la atención del veto al boleto universitario. El intendente luego invitó por nota a la oposición a que lo acompañe a realizarse los estudios el jueves de la semana pasada, en la cátedra de Toxicología de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Los bloques opositores (Tucumán Crece-PJ, Fuerza Republicana y Restauración Peronista) no acudieron a la invitación porque no fueron notificados, afirmaron. Los ediles de Cambiemos sí se realizaron los estudios. El opositor Ricardo Bussi optó por someterse al análisis esa tarde en un laboratorio privado.

El proyecto de ordenanza adhiere a la Ley provincial Antidrogas (N° 8.850). La norma obliga a todos los funcionarios provinciales, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a realizarse estudios anuales para detectar el consumo de sustancias ilegales. Ante casos positivos, la norma plantea licencias y tratamientos para superar las adicciones.

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