Mauricio Macri tiene tomada la decisión y realizará el veto una vez que el consumado proyecto opositor ingrese a la Casa Rosada, aseguraron desde su entorno.

Lo que el Gobierno caracteriza como la "ley (Sergio) Massa", por la influencia que el ex intendente de Tigre tuvo en el diseño de la estrategia de unidad del peronismo invisibilizando a los K, será vetada apenas ingrese por la Mesa de Entradas de la Casa Rosada. La Secretaría Legal y Técnica es la encargada del texto que no reviste ninguna complejidad, la decisión está tomada y cuanto antes se ejecute, mejor, para dar por cerrado el asunto e instalar nuevos temas en la agenda pública.

Desde que el proyecto elaborado por la diputada Graciela Camaño obtuvo media sanción en la Cámara baja, las principales espadas políticas del Gobierno se abocaron a achicar daños, conscientes de que la decisión política del líder peronista opositor en el Senado estaba tomada. Si en Diputados la diferencia fue de 37 votos, se trataba ahora de achicar la derrota a la mínima expresión posible.

Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y su viceministro, Sebastián García De Luca, junto a los senadores Federico Pinedo y Humberto Schiavoni, más Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, se abocaron a negociar con cada uno de los senadores para lograr superar los 25 propios (creen que pueden alcanzar 30 o 31, frente a 37 o 38 que tendría casi todo el peronismo unido, y el resto abstenciones o ausencias). Esperan una diferencia que esté alrededor de 7 votos a favor de la oposición.

"A mí no me gusta perder ni a las bolitas", se escuchó decir a un ministro con despacho en Casa Rosada. Y no se podría decir que está conforme con esta, una de las pocas derrotas que tendrá el Gobierno en el Parlamento, pero nadie podrá argumentar que no se hizo todo lo humanamente posible.

"Pichetto y Massa vienen coordinando política desde marzo, por lo menos, buscando posicionar al peronismo de cara al 2019, por eso no importa si el proyecto es bueno o es malo, lo que importa es imprimirle una derrota al Gobierno, porque además saben que no va a afectar a los gobernadores de sus provincias, ya que el Presidente fue honesto y dijo desde el principio que la iba a vetar", se explicó en la planta baja de la sede del Gobierno.

El Ministerio de Hacienda hizo un cálculo preciso de cuál sería el costo fiscal de la ley. En gas, $34.643 millones; en electricidad, $74.936,25 millones; en agua, $5.450 millones. Es decir, un costo fiscal total de $115.029,25 millones solo en el Presupuesto 2018, sin contabilizar aumentos en el transporte terrestre, ferroviario, telefonía y peajes nacionales, que llevarían a aumentar en por lo menos 25 mil millones adicionales.

Fuente: Infobae.

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