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La justicia le quita a Cristina Kirchner el control de sus hoteles

La medida, solicitada por uno de los fiscales, tendrá efecto durante seis meses en los cuales se intervendrá la firma Idea S.A. La causa Hotesur, que involucra a la ex presidenta, se encuentra bajo las órdenes del juez Ercolini.

El juez federal Julián Ercolini ordenó la intervención judicial de Idea S.A., la sociedad comercial que administra el Hotel Alto Calafate en el marco de la causa Hotesur. La medida fue solicitada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y los interventores tendrán facultades de información, administración y recaudación por el término de seis meses. Además, el magistrado dispuso la remoción de las autoridades de la firma administradora propiedad de Osvaldo Sanfelice.

El pedido de Pollicita se fundó en base a tres circunstancias. En primer lugar, el fiscal hizo mención a la deuda que Idea S.A. mantiene con Hotesur, propietaria del hotel de la familia Kirchner. En agosto de 2013 se celebró un contrato entre las dos sociedades por el cual se acordó la locación del establecimiento hotelero. La empresa de Sanfelice se comprometió a pagar un canon mensual y un porcentaje de las utilidades por el alquiler con fines de explotación del Alto Calafate. Según relató Pollicita en su pedido, los veedores designados detectaron que desde julio del año pasado hasta la actualidad, Idea pagó únicamente los cánones correspondientes a septiembre y octubre de 2017, con cinco meses de retraso adeudando las sumas variables correspondientes al porcentaje de ganancias y los intereses por un valor de 2 millones de pesos. También verificaron los veedores que la sociedad administradora del hotel de los Kirchner contaba con fondos líquidos por más de 4 millones de pesos. Es decir, que pese a tener un monto de dinero disponible mayor a la deuda, la sociedad que explota el hotel Alto Calafate había decidido incumplir intencionalmente con el pago de sus obligaciones e impedir la recaudación del canon locativo.

El segundo factor que destacó en su solicitud Pollicita fue la falta de colaboración de la empresa de Osvaldo Sanfelice con el interventor judicial de Hotesur. Ante los reiterados pedidos de un detalle de las utilidades mensuales obtenidas por la firma a través de la explotación del hotel, las autoridades de Idea S.A. respondieron con evasivas y planillas de rentabilidad con errores. Tampoco respondieron a la intimación al pago de lo adeudado y a la invitación a celebrar un convenio de desocupación del hotel efectuadas por el interventor judicial.

Alto Calafate era uno de los hoteles administrados por Idea S.A (foto NA)

Alto Calafate era uno de los hoteles administrados por Idea S.A (foto NA)

 

En tercer lugar, el fiscal resaltó que Idea S.A. desde su constitución no lleva libros contables incumpliendo en forma deliberada con las exigencias de la normativa vigente en materia societaria.

En su resolución Ercolini sostuvo que "la situación actual impone la necesidad de adoptar nuevas medidas tendientes a garantizar el aseguramiento del patrimonio pasible de recupero que, en última instancia, dependería del buen funcionamiento de las empresas involucradas."

Como primera medida, el juez federal Julián Ercolini ordenó a los interventores que sean designados que presenten un informe en el plazo de 15 días en el que describan el cuadro de situación actual de la empresa que explota el hotel de la familia Kirchner. Además, deberán rendir cuentas en forma mensual, establecer el monto de la deuda que mantiene con Hotesur y calcular cuáles fueron las ganancias obtenidas a través de la explotación del Alto Calafate. También deberán rubricar los libros contables y societarios además de autorizarlos a operar las cuentas bancarias de Idea S.A. Las autoridades de la firma de Sanfelice no podrán -a partir de la notificación de la resolución de Ercolini- realizar extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la sociedad ni efectuar pagos de ningún tipo, excepto aquellos que sean de carácter impositivo, laboral y previsional.

Ercolini encomendó al juez federal de Rio Gallegos la tarea de sortear los profesionales que se harán cargo de la intervención judicial.

 

Fuente: Infobae

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