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La SAT busca implementar la tarifa social

El Ersept y la SAT evalúan medidas para mejorar la capacidad de pago del usuario. La aplicación de una tarifa social para determinados sectores de la sociedad puede ayudar a mejorar la cobrabilidad y ampliar el número de usuarios.


Usuarios de EDET y Gasnor gozan de la tarifa social, sin embargo, no hay un sistema similar vigente para los servicios de agua potable y de cloacas. Con esa finalidad, desde el Ersept diseñan un esquema de tarifa social para las facturas de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).

De este modo se propone modificar el criterio de asignación vigente de los subsidios, con un diseño focalizado hacia los usuarios más vulnerables.

La SAT enfrenta dos desafíos: mejorar el empadronamiento debido a una importante fracción de los usuarios no reconocidos comercialmente y mejorar los indicadores de morosidad. Actualmente, hay unos 299.000 usuarios, y la cobrabilidad alcanza al 75%.

Desde el Ersept se realiza un relevamiento en las zonas sin empadronar, a partir del cruce de información georefenciada de los servicios de la SAT con los servicios de electricidad, por el que se pretende estudiar el alcance del servicio de agua potable y saneamiento, comparándolo con los usuarios alcanzados por el servicio eléctrico.

Respecto de la morosidad, precisaron que hay diferentes factores que influyen, como la capacidad de pago del contribuyente, la calidad del servicio que presta la SAT y la cultura del “no pago”. Para contrarrestar esto, una alternativa sería la implementación de la Tarifa Social de Agua Potable y Saneamiento (TSAS), alcanzando un porcentaje mayor de hogares vulnerables, sin incluir un número significativo de hogares no vulnerables. 

En tanto, desde la SAT consideraron que la aplicación de una tarifa social para determinados sectores de la sociedad puede ayudar a mejorar la cobrabilidad y ampliar el número de usuarios. Para ello, se podría tomar como base el sistema de beneficiarios de la energía eléctrica. El problema a resolver, no obstante, es si la Provincia estará en condiciones de afrontar los costos.

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