El derrumbe del puente Morandi provocó la muerte de 39 personas.

Desde la administración de Matteo Salvini se apunta contra la empresa concesionaria del puente Morandi, acusada por la justicia de "homicidio involuntario múltiple". Salvini, además, acusa a la UE de impedir inversiones.

El Gobierno italiano de Giuseppe Conte apunta el dedo contra la compañía Autostrade per l'Italia (y su holding Atlantia), concesionaria responsable del puente Morandi de Génova, que se derrumbó el pasado martes. Todo ello, sin ni siquiera esperar un primer dictamen de la Justicia italiana. Y eso que la Fiscalía de Génova ya ha abierto el caso sobre la base de "homicidio involuntario múltiple". El Ejecutivo populista formado por el Movimiento 5 Estrellas y Liga, con Conte, Di Maio y Salvini, está centrándose en un solo chivo expiatorio para lanzar un mensaje de contundencia.

 

Y está dispuesto incluso a nacionalizar la gestión de las autopistas italianas "si las concesionarias privadas no las mantienen como es debido", tal como opinan los ministros Di Maio (viceprimer ministro) y Toninelli (Fomento). Protección Civil y los bomberos, mientras tanto, siguen trabajando a contrarreloj con la esperanza de encontrar más supervivientes del desastre del martes. Los fallecidos son 38 en total y los heridos son 15, entre los cuales hay nueve en estado grave. La Fiscalía de Génova asegura que está "entre 10 y 20" el número de desaparecidos. Los primeros de los 630 desplazados de sus viviendas, escoltados por Protección Civil, empiezan a acercarse a sus casas para recuperar algunos efectos personales. Este sábado tendrán lugar los funerales de Estado en un pabellón de la Feria de Génova.

 

El domingo, los dos equipos de fútbol de la ciudad, el Genoa y la Sampdoria, no jugarán sus respectivos partidos de Liga con el Milan y la Fiorentina. Al margen de lo judicial, ahora mismo el Gobierno de Giuseppe Conte baraja una o algunas de estas tres opciones: revocar la concesión de la autopista A-10 (Génova-Ventimiglia), retirar por completo la concesión o aplicar una multa de unos 150 millones de euros. Eso sí, siempre que se demuestre la responsabilidad de la compañía concesionaria en los sucesos, para lo cual habrá que esperar a la Justicia. Mientras tanto, la empresa ya ha perdido un 22% en la Bolsa de Milán. Pese a la mano firme del Gobierno, el problema de retirar la concesión es que caduca en 2042.

 

Por eso, la compañía avisa de que en caso de revocación tendría que recibir 20.000 millones de euros, la cuantía equivalente a 24 años de actividad.Tras el accidente del puente, el viceprimer ministro, titular de Interior y líder de la Liga, el populista Matteo Salvini, acusaba a la UE de ser la responsable indirecta de la catástrofe porque, según Salvini, ésta impide que Italia pueda "gastar el dinero para reformar escuelas y autopistas". Como respuesta a su discurso populista, la Comisión Europea recordó el jueves que es Italia la responsable del mantenimiento del puente Morandi y que disponía de fondos y recomendaciones para ello: "Creemos que ha llegado el momento de dejar algunas cosas claras", señaló el portavoz comunitario Christian Spahr.

 

El Ejecutivo comunitario recordó que, para el actual período 2014-2020, Italia tiene "unos 2.500 millones de euros de fondos europeos estructurales y de cohesión para inversiones en la red de infraestructuras, como carreteras o ferroviarias", y que "bajo las reglas presupuestarias acordadas, los países tienen libertad para fijar políticas prioritarias específicas".La Justicia italiana se pone en marcha para buscar a los responsables.

 

El punto de partida, tal como explicaba el jueves el fiscal de Génova, Francesco Cozzi, será "homicidio involuntario", aunque por el momento será contra "desconocidos" porque "todavía no se conocen las causas reales" de lo ocurrido. Son varias las líneas de acusación que la Fiscalía podría seguir: homicidio involuntario múltiple, desastre involuntario por derrumbe, homicidio involuntario vial y atentado involuntario a la seguridad de los transportes.

  Fuente: El País

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