Frigerio mantiene las reuniones con los gobernadores.

Una pulseada difícil enfrenta el presidente Macri por estas horas, ante la demanda de señales claras con miras al 2019. Frente a la escalada del dólar, las negociaciones se llevan a cabo desde dos frentes: el FMI y las provincias.


En medio de la escalada del dólar que preocupa al mercado, el gobierno nacional debe enfrentar una pulseada difícil para responder a la demanda de aquellos que quieren señales claras para tomar decisiones con vistas a las elecciones de 2019.

Uno de los frentes que debe neutralizar, y para ello necesita negociar, es el de los gobernadores. El Gobierno trabaja a contrarreloj con los jefes provinciales para acordar los alcances del Presupuesto 2019, ya que a mediados de setiembre, el texto debería ir al Congreso. Para ello, está tratando de covenir una poda que garantice la baja sustancial del déficit.

Para allanar el camino, funcionarios y operadores legislativos tomarán contacto en los próximos días con gobernadores, ministros de diferentes distritos y con la AFIP para analizar la  propuesta de varios jefes provinciales, en especial del PJ. También, habrá gestiones en paralelo con legisladores de la oposición para que el texto del Presupuesto llegue impulsado por un acuerdo político.

La situación de las provincias y, por supuesto, el recorte del déficit son puntos siempre destacados cuando se habla de señales políticas además de económicas. No es un dato menor que desde el Gobierno hayan difundido esta semana un cuadro sobre la evolución positiva de la cuentas en buena parte de los distritos. Y, claro, tampoco resulta novedoso que la posibilidad de un acuerdo entre la Nación y los gobernadores asome como un mensaje de gobernabilidad y de compromiso antes de que todos se embarquen en la competencia electoral.

En este marco, funcionarios nacionales y gobernadores, admiten que se ha avanzado bastante con las tratativas, aunque eso no supone que esté garantizado un final de consenso. Faltaría definir algo así como el 30 por ciento del recorte, tal vez lo más complicado cuando algunos jefes provinciales creen que han cedido mucho.

Lo primero que aceptaron las partes fue el número aproximado de la disminución presupuestaria: unos 100.000 millones de pesos a cargo del conjunto de las provincias y otros 200.000 millones a cuenta de la Nación, para clavar el déficit en 1,3 por ciento del PBI en 2019. 

Los representantes del peronismo y de otros cuadros políticos presionaron para que Buenos Aires y la Ciudad aceptaran afrontar con sus presupuestos la carga más pesada del pacto. El costo a afrontar entre los dos distritos sumaría más de 32.000 millones de pesos. Mientras, el gobierno nacional dispuso bajar el fondo sojero, una poda de unos 26.000 millones. Eso y algunos ítems más, subsidios específicos, pondrían la discusión que resta en territorios difíciles, como obras públicas, descartados programas sociales, según aseguran.

En estos momentos, son combinadas varias líneas de trabajo. Funcionarios de los ministerios de Interior y de Hacienda vienen conversando por separado con ministros provinciales y también anotan citas colectivas. Rogelio Frigerio mantiene la relación con los gobernadores, incluidos los denominados duros, entre ellos Gildo Insfrán y últimamente Rosana Bertone, que tal vez pasen por la Casa Rosada antes del viernes.

Esos movimientos están orientados a tratar de asegurar un trámite a buen ritmo si el Presupuesto llega al Congreso como fruto de un entendimiento con la mayoría de los gobernadores. En ese cálculo, lo ideal sería que el proyecto inicie el trámite legislativo a mediados de setiembre y que termine aprobado antes del final de octubre.

El ministro Nicolás Dujovne junto a la directora del FMI Christine Lagarde

El otro frente de negociación es el que encara por estas horas el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien tiene a su cargo aceleradas gestiones con el fondo en búsqueda de una alternativa que permita garantizar espaldas plenas para cumplir con los compromisos financieros de 2019. 

Funcionarios de su ministerio y de la jefatura de Gabinete también hablan en simultáneo con representantes del Banco Mundial y de otros organismos internacionales para ampliar la base de sustento.

De todos modos, nada de lo que pueda hacerse controlaría el fenómeno regional y de modo más amplio, el efecto Trump sobre las economías de países emergentes. El objetivo es controlar el pulso financiero local –mantener el dólar en una franja razonable- y evitar también la fuerte caída de los papeles argentinos.

Son dos de los síntomas de lo que suele resumirse como expresión de la "desconfianza de los mercados" en la capacidad del país, y del Gobierno en particular, para atender los compromisos del año próximo. Las estimaciones de economistas son más que amplias: se habla de entre 8.000 y 14.000 millones de dólares, que no sonarían inquietantes por el volumen, sino en todo caso por el cerrado cuadro externo.

El consenso político previo al capítulo legislativo sería anotado en la lista de señales al mercado. Y más rápido aún, con urgencia, el Gobierno intenta avanzar con el FMI y otros organismos, pero la angustia, por supuesto, es sumada a diario por el dólar.

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