El testigo declarando en el juicio. (Foto La Gaceta)

El martes declaró Alberto Reynaldo Soria, ex agente de la Fiscalía de Estado y contó sobre la investigación que hicieron en la zona norte de la provincia.

En el juicio por el crimen y posterior encubrimiento de Paulina Lebbos declaró el martes pasado Alberto Reynaldo Soria, ex agente de la Fiscalía de Estado.

Las denuncias por terrenos usurpados en El Cadillal vinculan a Alberto Kaleñuk, ex secretario privado del gobernador José Alperovich. En el 2002, entonces Secretaría de Turismo denunció la usurpación de terrenos fiscales en el norte de la provincia. Las causas llegaron dos años después a manos de la Fiscalía de Estado, que se encargaría de las inspecciones para identificar a los que ocupaban y edificaban en la comuna. Esa tarea derivó en alrededor de 60 actas oficiales y confirmó que varios funcionarios y personal del Gobierno se habían instalado en esa zona.

“Entre las más de 60 actas, la casa de Kaleñuk fue la única que se desarmó, aunque desconozco las razones”, confirmó Soria y agregó: “en febrero 2006, existía esa vivienda. Poco después de ese momento, hicimos una inspección y la casa estaba terminada. Era una casa completa, grande”, expresó el abogado, en el marco del juicio oral por el homicidio de Paulina Lebbos y posterior encubrimiento del hecho.

Esta situación se encuadró, a la vez, en las denuncias judiciales de este año de la Fiscalía de Estado y la Dirección de Flora. Los organismos apuntaron a un empresario por haber iniciado un proyecto inmobiliario en la vera de la ruta 347, en un inmueble que pertenecía a la provincia, entre otras posibles irregularidades.

Soria en su declaración ratificó la existencia de la vivienda de Kaleñuk, en línea con la declaración de Bernardo Rubén Romano, empleado de la Municipalidad de Bella Vista.

En la jornada del lunes 17 de septiembre, el municipal había confirmado el traslado de “una casilla” de Kaleñuk en un camión oficial, desde El Cadillal hasta Los Aguirre, tiempo después del crimen de la joven. Estas declaraciones formaron parte de los testimonios en torno de la hipótesis de la fiesta en la villa provincial.

Soria fue uno de los responsables de llevar adelante las verificaciones en El Cadillal. “Todas las actas se comprobaron. Las personas que ocupaban ya habían sido anticipadas por el informe de Catastro, sobre cuáles eran los inmuebles del Estado (...) Pero no se podía identificar a una persona, en la última parte de la cola del Lago de El Cadillal. Había una casa ocupada, aunque no estaban los dueños. Sí nos dijeron el apellido”, recordó el abogado, al referirse al padre de Sergio Kaleñuk, el ex secretario de la Privada de la Gobernación.

“Quien dice el nombre (Kaleñuk) es un encargado de la zona esa, que se llamaba (Diego) Olivera. Él introduce el nombre del poseedor de esa propiedad. Incluso, el hijo de ese hombre armó la casa, la edificó”, manifestó el ex funcionario, quien contó además que la misma persona habría desarmado tiempo después la vivienda.

En una segunda inspección, la casa ya no estaba: “fue una sorpresa para nosotros, volvimos y no encontramos nada; no se lograron datos. No estaban los hijos de Olivera”.

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