Los cambios forman parte de un paquete de medidas económicas, que pasó al Senado. Los radicales no lograron que se trate el proyecto para que todos los jueces paguen Ganancias.


En paralelo a la aprobación del Presupuesto 2019 en Diputados el oficialismo consiguió darle media sanción al proyecto de reforma de Bienes Personales, que incluye subas en el Impuesto. La iniciativa forma parte de un paquete de medidas económicas, que avanzaron en la Cámara baja y pasaron al Senado. Por otro lado fracasó el intento del radicalismo de aprobar el proyecto para que los jueces y demás integrantes del Poder Judicial paguen impuesto a las Ganancias, ante la negativa de algunos legisladores opositores a abordar la votación sin mayor debate.

Los cambios en Bienes Personales tuvieron media sanción con 130 votos afirmativos, 38 negativos y 8 abstenciones. La iniciativa de Bienes Personales no consiguió el respaldo de buena parte de la oposición, que consideró que el mínimo no imponible, que sube a $ 2 millones, "golpea a la clase media". Para la aprobación de este proyecto Cambiemos tuvo el respaldo de una parte del interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados), mientras que lo rechazaron el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el interbloque Red por Argentina, el flamante espacio liderado por Felipe Solá.

De sancionarse estos cambios en el Senado, a partir de 2019 la base no imponible pasaría de los actuales $ 1 050 000 a $ 2 000 000 en 2019. En tanto, la alícuota que en 2018 fue del 0,25% (a pagar sobre el excedente), se mantendrá en ese nivel si el valor total de los bienes declarados fuera de entre $ 2 000 000 y $ 5 000 000, pero subirá al 0,5% entre $ 5 000 000 y $ 20 000 000, y al 0,75% cuando el patrimonio informado sea superior a los $ 20 000 000.

Además, luego de varias idas y vueltas el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del oficialismo Luciano Laspina aceptó un pedido de la oposición para que los inmuebles rurales sigan exentos del pago de este tributo. El argumento fue que el sector ya viene realizando un "esfuerzo" por la suspensión de la rebaja prevista en retenciones y que no sería prudente aumentarle la presión impositiva.

La aprobación de la reforma de Bienes Personales es parte de un paquete fiscal que incluyó el avance del proyecto de revalúo de Ganancias por inflación, la adenda al Consenso Fiscal y el nuevo régimen del monotributo social para pequeños productores tabacaleros y cañeros. Esta reforma de la ley de Ganancias fue avalada por 140 votos afirmativos, 22 negativos y 23 abstenciones, mientras que el revalúo de Ganancias por inflación tuvo 139 afirmativos, 36 negativos y 8 abstenciones.

El año pasado, el Congreso había modificado la ley de Ganancias de manera tal de habilitar a las empresas a ajustar sus balances por inflación por única vez cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100% en tres años, o cuando en cada período se superara el 33% anual. Como ese porcentaje de inflación se superó en agosto último, la reforma dictaminada eleva el tope que activa la cláusula gatillo del ajuste por inflación, pasando del 33% al 55% para este año, al 30% para 2019 y al 15% para 2020.

Finalmente, el nuevo régimen de monotributo social para pequeños productores cañeros y tabacaleros recibió un amplio apoyo, con 183 votos positivos, uno solo negativo y una abstención. La adenda, que desarma parcialmente el Pacto Fiscal firmado el año pasado por los gobernadores, flexibiliza ese acuerdo de manera tal de subir la recaudación de las provincias, por ejemplo postergando la rebaja del impuesto a los Sellos.

En tanto, el radicalismo fracasó en su intento de aprobar la propuesta que obliga a los jueces y demás integrantes del Poder Judicial a pagar el impuesto a las Ganancias, por la negativa de diputados de la oposición. De acuerdo a un informe del Ministerio de Economía este año el Estado se pierde de recaudar $ 7 337 millones por la exención, suma que se eleva a $ 9 854 millones para el año que viene.

Actualmente solo están alcanzados por el tributo los funcionarios que fueron designados a partir del 1° de enero de 2017 y que ingresaron a la Justicia por fuera de ese poder, tan solo ocho jueces en total. Así lo determinó una medida cautelar confirmada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que limitó el alcance de la ley sancionada por el Congreso, que determinaba que todos los funcionarios judiciales debían pagar el tributo.

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