Miguel Jiménez Augier y Lucas Barrionuevo

El juez dictaminó que noy peligro de fuga de los ex funcionarios del Instituto Provincial de Vivienda investigados por hechos de corrupción.

Los detenidos ex funcionarios del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Lucas Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier, serán puestos en libertad. Así lo determinó el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Eudoro Albo, quien hizo lugar a los planteos formulados por los abogados defensores de ambos imputados.

Ahora resta que los ex coordinadores ofrezcan una caución (garantía patrimonial). Una vez que esta sea aceptada por el juez de instrucción que entiende en la causa, Alejandro Tomas, quedarán libres.

Según la resolución de Albo, firmada el miércoles, no se cumplen las circunstancias de peligro procesal que justifican la prisión preventiva. Es decir, el magistrado consideró que no hay posibilidad de que los imputados entorpezcan la investigación o de que se fuguen.

Los acusados se encuentran detenidos desde principios de agosto y, en septiembre, se ordenó la prisión preventiva de ambos. Barrionuevo -quien enfrenta los cargos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y defraudación a la administración pública- iba a permanecer seis meses en prisión. Jiménez Augier -imputado por enriquecimiento ilícito- hubiera estado cuatro meses privado de su libertad.

Los antecedentes

Los ex coordinadores del Ipvdu fueron algunos de los involucrados en un informe periodístico de “Panorama Tucumano” (el ciclo televisivo de este diario) que se transmitió en julio de 2017 y en el que se trataron diversas irregularidades en el organismo. Tras el programa, la fiscala Adriana Giannoni abrió una investigación de oficio.

Entre otras cosas, se analizó la supuesta participación de Barrionuevo en una constructora que pertenecía a sus sobrinos políticos y que recibió contrataciones millonarias del instituto. Según ex empleados de esa empresa, Marán SRL, el ex funcionario era el verdadero dueño de la constructora mientras que los titulares legales, Sebastián y Martín Nieva, sólo eran testaferros. Los hermanos Nieva también fueron investigados y, en septiembre quedaron detenidos. Días después recuperaron la libertad y firmaron un acuerdo de colaboración con la Justicia por el que aportarían información relevante. Mientras tanto, siguen imputados en la causa por diversos delitos.

En el caso de Jiménez Augier uno de los elementos centrales de la investigación en su contra es el hecho de que tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad a su nombre. Cuando esto se difundió, en septiembre del año pasado, el gobernador Juan Manzur lo despidió mediante un decreto firmado el 2 de octubre.

La resolución judicial

De acuerdo al escrito que lleva su firma, Albo destacó el hecho de que ambos imputados habrían estado a disposición de la Justicia durante la investigación. En su momento, el juez de instrucción consideró que los medios económicos de Jiménez Augier y de Barrionuevo eran suficientes para considerar que había peligro de fuga. Albo rechazó que la solvencia patrimonial sea, por sí sola, suficiente para demostrar que pretendan eludir la Justicia. Además, sostuvo que no está probada la amenaza de que puedan entorpecer la investigación, para lo que subrayó las medidas que ya fueron realizadas -allanamientos en el Ipvdu y en los domicilios de los ex funcionarios, además de la citación de testigos clave-.

Fuente: La Gaceta

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