Todos fueron encontrados “prima facie” como coautores de los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Habían sido designados por el Ministerio de Defensa para la contratación de una empresa privada que encabece el procedimiento. Fue la primera sanción judicial en torno a la desaparición.

En el primer pronunciamiento judicial relacionado con las investigaciones abiertas sobre la búsqueda del submarino ARA San Juan, se dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de cuatro militares que fueron designados por el Ministerio de Defensa para integrar la Comisión Evaluadora que tenía que resolver en forma urgente la contratación de una empresa privada que contara con los medios técnicos y la experiencia necesarias para encontrar a la nave perdida en el Atlántico Sur. 

Los cuatro militares ahora procesados habían aprobado la preadjudicación del operativo a una empresa española que había modificado su razón social y que incluso tenía a uno de sus societarios en situación de concurso de acreedores. La propia Oficina de Contrataciones del Ministerio terminó por confirmar las irregularidades que habían sido denunciadas por familiares de los tripulantes del ARA San Juan. El despropósito demoró meses la contratación, que finalmente recayó en la compañía Ocean Infinity.

Los procesados son los oficiales de la Armada Pablo Alberto Longhi y Héctor Raúl Horisberger, el capitán de fragata Marcelo Gustavo Dip y el comodoro Rogelio Alfredo García Bastitta. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi los imputó por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. 

Los cuatro militares fueron indagados por el magistrado a partir del jueves 15 de noviembre, el mismo día en que se cumplía un año de la desaparición del submarino hallado dos días después, bajo los cargos de haber “recomendado la adjudicación del servicio de búsqueda (...) a una empresa que no cumplía con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares” establecido por el Poder Ejecutivo Nacional. 

 Todos fueron encontrados “prima facie” como coautores de los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y se les trabó embargo, a cada uno, en la suma de un millón de pesos.

Fuente: Página 12.

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