Servicios adicionales en la mira

La iniciativa establece que el régimen de vigilancia pago “deberá estar registrado”, y su incumplimiento se considerará “falta gravísima”. Legisladores del oficialismo y la oposición pretendían derogar el régimen.


El Poder Ejecutivo busca regular los servicios adicionales que presta la Policía de la Provincia. En este marco, ayer ingresó a la Legislatura un proyecto de ley firmado por el gobernador, Juan Manzur, y por el ministro de Seguridad, Claudio Maley. 

La iniciativa establece que la custodia deberá ser llevada a cabo por personal “en servicio efectivo y en horas de descanso”. Así, los suboficiales y oficiales en cumplimiento de sus funciones ordinarias no podrán ser afectados ni dedicarse a esas tareas. Además, la participación de los trabajadores será “voluntaria”, a través de un “registro especial” que deberá llevar adelante la Policía de la Provincia. Allí deberán constar, de manera obligatoria, los datos relativos a la “inscripción, distribución y supervisión” de cada empleado.

“El servicio adicional deberá estar registrado, y su incumplimiento por parte del personal policial será considerado falta gravísima y dará lugar a la sanción correspondiente”, expresa la propuesta del Poder Ejecutivo.

La intención de los parlamentarios es tratar este y otros 18 asuntos en la sesión prevista para el jueves próximo, que será la última de 2018. 

El servicio adicional está previsto en la Ley Orgánica de la Policía, que data de 1970. En 2000 se sancionó la ley 7.064, en la que se establecieron algunos parámetros generales sobre este régimen de vigilancia. La iniciativa planteada por la Casa de Gobierno establece la derogación de esta última norma, aunque asegura la continuidad de este sistema tanto en ámbitos privados como en instituciones públicas.

El proyecto cuenta con siete artículos -el octavo sólo dispone su comunicación-. Incluyendo la exposición de motivos, ocupa dos carillas. Buena parte de los detalles referidos a la implementación de la norma quedarán en manos del propio Poder Ejecutivo. “La reglamentación establecerá las modalidades de prestación (del servicio), el régimen del personal y equipos a asignar, la retribución de carácter no remunerativo de los agentes afectados al servicio, como demás condiciones necesarias que tiendan a la debida adecuación de la actividad policial”, indica el artículo 4°. Agrega que se deberá asegurar “la preeminencia del servicio de seguridad pública sobre el servicio adicional, teniendo en cuenta el descanso adecuado del personal que presta el servicio”.

El artículo 3° determina el reparto de los recursos generados por esta custodia. “Lo recaudado en concepto de servicio adicional será distribuido de la siguiente manera: a) el 85% para el pago al personal policial que lo preste; b) el 15% para atender gastos administrativos y operativos de la Policía de Tucumán, así como para adquirir equipamiento policial y a brindar asistencia social al personal policial según lo determine la reglamentación”. Agrega que “en el caso de afectarse bienes y equipos para la prestación del servicio adicional, el 100% de lo recaudado será destinado a la finalidad indicada en el inciso b)”.

En estos años, legisladores oficialistas y opositores presentaron proyectos sobre los adicionales. En algunos de ellos, como los elevados por Nancy Bulacio (Tucumán Crece), Fernando Valdez (UCR) y Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos), se apunta a la derogación de este régimen -en los dos últimos se incluye una compensación salarial para los agentes-. Hay otras alternativas, como las firmadas por Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular) y Eudoro Aráoz (UCR-Cambiemos), que buscan regular y limitar el servicio. Pero todo indica que se impondrá el texto del Ejecutivo.

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