En las últimas semanas de diciembre, Juan Manzur anunció una batería de medidas contra el principal reclamo de la sociedad tucumanas: la inseguridad.

Desde el 15 de enero se deberá resolver cuándo se realizarán los comicios y otros temas como seguridad y la cuestión financiera.

1. Fallo que replante las reglas de juego

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 43 inciso 6 de la Constitución de Tucumán. Esto abre la posibilidad al Poder Ejecutivo (PE) de anticipar las elecciones provinciales, ya que no debe sujetarse a un plazo para celebrar los comicios en los cuales se eligen gobernador y vice; 19 intendentes; 49 legisladores; 182 concejales y 93 delegados comunales. Los magistrados Juan Ricardo Acosta y Horacio Ricardo Castellanos hicieron lugar a un amparo interpuesto el martes 11 de diciembre por los massistas Mariela Martín Domenichelli y Víctor Arias, presidenta y apoderado del Partido Frente Renovador Auténtico.

El vicegobernador Osvaldo Jaldo afirmó que respetarán el fallo, mientras que el legislador oficialista y representante legal del PJ, Marcelo Caponio, consideró que “adelantar la fecha de las elecciones no beneficia ni perjudica a nadie”. Desde la oposición, en tanto, el diputado José Cano (Cambiemos) cuestionó el amparo y advirtió que llevará el caso a la Corte de la Nación. Desde el oficialismo creen que la posibilidad de adelantar la fecha de los comicios provinciales es una facultad y una atribución propia del gobernador Juan Manzur. La fórmula gobernante corre con ventaja porque ya anticipó su intención de ser reelecta.

2. Una vacante en la Corte Suprema

La vacante que se produce en la línea de conducción del Poder Judicial siempre ha sido interés de la Casa de Gobierno. Conocer quién ocupará la vacante que quedó en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán por el fallecimiento del vocal Antonio Gandur, el pasado sábado, acaparará la atención del Poder Ejecutivo ya que es un cargo apetecible para los funcionarios. Gandur había sido sometido a una intervención quirúrgica el pasado viernes, que derivó en una complicación cardíaca que terminaría con su deceso horas después, a los 84 años. El abogado, nacido en Concepción, se había desempeñado como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia hasta noviembre de 2017, cuando fue reemplazado por Daniel Posse. La carrera judicial de Gandur comenzó en 1991. Antes fue vicepresidente electo del Colegio de Abogados de la Provincia, desde el 26 de diciembre de 1990. Función que cumplió hasta el momento de su renuncia, el 11 de diciembre del 91. El magistrado fue presidente de la Corte por elección de sus pares en cuatro oportunidades. Su primer período fue entre 2003-2004. Luego a partir del 12 de octubre de 2007. Su tercera gestión a partir del 22 de octubre de 2013 hasta el 22 de octubre de 2015, y la última ocasión desde 25 de noviembre del año 2015 hasta 25 de noviembre de 2017.

3. Compra de armas y policía municipal

En las últimas semanas de diciembre, Juan Manzur anunció una batería de medidas contra el principal reclamo de la sociedad tucumanas: la inseguridad. El propio vicegobernador Osvaldo Jaldo reconoció que “la seguridad es un tema pendiente” de la gestión. En una fuerte jugada, el mandatario anunció la compra de armamento de origen israelí por unos U$S 9 millones (a través de un DNU que generó duros cuestionamientos por parte la oposición), la decisión de convertir a vigías municipales Policía Municipal de Prevención Local (PMPL) y afianzar un protocolo para el accionar de la fuerza. Los tres proyectos fueron aprobados en la Legislatura, y ahora deberán ser reglamentados por el Ejecutivo.

El ministro de Seguridad, Claudio Maley, señaló que la “profesionalización” de los 700 vigías municipales actuales demandará nueve meses. Además, invitó a intendentes y concejos deliberantes a adherirse a este novedoso sistema. Sin embargo, algunos jefes municipales, como Carlos Najar (Las Talitas), anticiparon que no crearán su propia policía.

El Ejecutivo también deberá regular el protocolo “Maley”, para regular el uso racional de la fuerza y de las armas en la Policía. La reglamentación, cuestionada por la oposición por tener demasiadas similitudes al ‘plan Bullrich’, habilita el uso de pistolas eléctricas.

4. Entre el equilibrio y las paritarias

Uno de los grandes objetivos de la gestión pasa por el manejo de las finanzas públicas provinciales. El Presupuesto de este año ha previsto gastos por un total de $ 96.363 millones, de los cuales, unos $ 55.470 corresponden al pago de sueldos de los empleados de la administración pública. En un año electoral, los planteos de los gremios que representan a los agentes estatales tienden a potenciarse. Según pudo establecer LA GACETA, la intención del binomio gubernamental es tratar de acordar cuanto antes el porcentaje del incremento que los empleados públicos recibirán este año (la Nación había sugerido que ese aumento no sea superior al 25%), tomando en cuenta que otro de los objetivos de gestión es arrancar el ciclo lectivo 2019 sin contratiempos.

Según algunos funcionarios, no habría inconvenientes en cerrar las cuentas de este año con cierto equilibrio fiscal en la medida de que las peticiones sindicales sean acordes a las pautas oficiales. Un elemento no menor que inquieta a los técnicos del Ministerio de Economía es la menor disponibilidad de recursos que este año tendrá la provincia, respecto de 2018, por efecto de la reducción de alícuotas en algunas actividades alcanzadas por el impuesto sobre los Ingresos Brutos. La creación de otros tributos no alcanzará a compensar aquella sangría fiscal, advierten.

5. Cómo será el envío de fondos nacionales

El inicio de un año electoral acelera el pulso de los protagonistas. La tensión de la cuerda que une a Tucumán con la Nación es elevada, pero los comicios de 2019 prometen llevarla al límite. Los cruces entre el gobernador Juan Manzur y el presidente Mauricio Macri se multiplicaron en 2018 por el avance del recorte del gasto público, la quita de subsidios -principalmente para el transporte público- y los proyectos que se debatieron en el Congreso -como el Presupuesto 2019-. Las medidas tomadas en Buenos Aires repercutieron por estos pagos y desataron una oleada de cuestionamientos. Los discursos del mandatario se endurecieron contra la Casa Rosada se endurecieron con el correr de las semanas. Como respuesta, Manzur recibió cuestionamientos de parte de la oposición sobre los manejos de distintos organismos provinciales, como el IPV.

En ese contexto, el Gobierno provincial busca pautas claras para determinar cómo será el envío de partidas nacionales por fuera de la coparticipación. Uno de los reclamos más fuertes de los gobernadores fue la compensación de partidas por la eliminación del Fondo Soja. A Tucumán, esa medida le cuesta una merca de unos $ 1.200 millones anuales. Esos fondos eran la piedra fundamental para la inauguración de obras durante el año electoral.

6. La tentación del endeudamiento

Tanto por la vía del Presupuesto vigente como por otros acuerdos fiscales, el gobernador Juan Manzur podrá obtener financiamiento por unos $ 22.000 millones durante este año. El artículo 18 del Presupuesto prevé la autorización al Poder Ejecutivo “a tomar préstamos subsidiarios con garantía de coparticipación federal, suscribiendo la documentación necesaria con el Ministerio del Interior de la Nación, para el financiamiento de obras y de sus correspondientes inspecciones, en el marco de programas con financiamiento externo multilateral y bilateral” que disponga la cartera a cargo de Rogelio Frigerio. El tope es de U$S 200 millones o su equivalente en moneda local. El Gobierno necesita encarar un plan de trabajos públicos, más aún tomando en cuenta que este 2019 es electoral y que no hay mucho margen para mostrar obras nuevas.

El gobernador, en reiteradas oportunidades, ha señalado que Tucumán no ha contraído compromisos financieros, menos en moneda extranjera, frente a la realidad volátil del mercado. Sin embargo, el aval existe. Hasta octubre pasado (último dato publicado), el endeudamiento público de Tucumán ascendía a $ 15.200 millones, de los cuales más del 90% corresponden a compromisos adquiridos con el Gobierno nacional.

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