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El fiscal Carlos Gonella dejó la Procelac

Había sido designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó hace cuatro años. "Se cumplió un buen ciclo y arrancó otro", le dijo a Infobae.

"No renuncié ni me renunciaron; doy un paso al costado", le dijo Carlos Gonella esta mañana a Infobae para explicar su salida de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). 

En su lugar, según trascendió esta mañana, fueron designados los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, aunque recién serían oficializados el lunes. 

Nombrado hace cuatro años por la procuradora Alejandra Gils Carbó, en abril de 2013 enfrentó una acusación por presuntamente beneficiar a Lázaro Báez en la causa de la "ruta del dinero K". 

Al estallar el caso mediáticamente con las declaraciones de Leonardo Fariña y Federico Elaskar en el programa Periodismo para Todos, se lo acusó de pedir que se excluyera al empresario –ahora detenido– en la primera etapa de la investigación. Si bien Gonella siempre negó esa acusación, fue procesado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, luego confirmado por la sala II de la Cámara Federal porteña, a cargo de Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.

La decisión de Gonella coincide con el avance de la causa que tiene como principal apuntado a Lázaro Báez, tras su detención y múltiples allanamientos en sus propiedades. Sin embargo, para Gonella nada de eso tiene que ver con su salida. "Se cumplió un buen ciclo y arrancó otro", aseguró el abogado cordobés a este portal. 

No obstante, el ex titular de la Procelac no desconoce que aunque pasaron ya tres años de su procesamiento, con el avance de la causa Báez su nombre aparece en cada nueva crónica periodística del caso como el hombre que dejó pasar una oportunidad para poner la lupa sobre los bienes del empresario kirchnerista. "No puedo negar que eso genera un desgaste. Pero la decisión no radica en ello. Cuando me vine desde Córdoba para asumir al frente de la Procelac sabía que lo haría por cuatro años. Mi familia, mi casa, mi trabajo, todo está en Córdoba", dijo Gonella. 

En relación a su actuación en el caso de la "ruta del dinero K", Gonella recordó que sólo tuvo en sus manos la causa por 48 horas. Y reiteró que jamás pidió apartar a Báez de la investigación. Incluso, aseguró a este medio que de haber tenido intervención en la causa durante más tiempo, "sin dudas" hubiera avanzado contra Báez. 

"Estoy conforme con mi desempeño al frente de la Procelac. Desde que la inauguramos en 2012 pudimos avanzar en pesadas causas de delitos economicos de los que antes no se hablaba seriamente. Siempre se apunta a criminalizar al pobre, pero difícilmente se avanza contra el poder económico, y nosotros pudimos hacerlo. Obviamente eso tuvo un costo político para mí. Me hicieron varias denuncias, casi todas desestimadas por la Justicia.

Gonella pasará ahora a trabajar en la Unidad de Litigios Estratégicos, destinada a colaborar con las causas relevantes que se eleven a juicio oral. Él la considera una "segunda instancia" del trabajo que venía haciendo en la Procelac. Una de las causas que tendrá a cargo es la denuncia por lavado contra Rubén "La Chancha" Ale, conocido como el hombre que controlaba la droga y la prostitución en Tucumán, y el principal sospechoso del secuestro de Marita Verón en 2002. 

Luego, Gonella volverá a su provincia natal como fiscal general. 

Al frente de la Procelac, Gonella encabezó investigaciones de gran repercusión mediática y que alcanzaron altas esferas de la política. Una de ellas fue la de Báez, otra la de Fernando Niembro, quien como dueño de la productora La Usina –que no tenía empleados–, le facturó al Gobierno porteño servicios por 20 millones de pesos, maniobra que lógicamente involucró también a funcionarios de la Ciudad, entonces a cargo de Mauricio Macri. Para ambas, se basó en informes periodísticos y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) reportados por los bancos". 

- 4935 millones de pesos embargados y/o secuestrados
- 567 automotores secuestrados
- 300 inhibiciones generales de bienes
- 176 inmuebles embargados
- 134 intervenciones judiciales sobre personas jurídicas
- 60 armas 
- 330 denuncias
- 258 investigaciones preliminares
- 446 asistencias por pedidos de colaboración de fiscalías del Ministerio público Fiscal
- 1465 medidas cautelares.

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