Las tensiones en Cambiemos habían postergado la presentación de proyecto.

La Casa Rosada optó por no fogonear la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo durante la campaña electoral. Buscan evitar divisiones internas y fuga de votos.

 

 Con el objetivo de no fogonear el debate sobre el aborto durante la campaña, y la pretensión de ubicarse en una posición intermedia aunque habrá cuestionamientos principalmente de los sectores a favor de la legalización, el Gobierno decidió que no avanzará con la despenalización en el nuevo Código Penal. 

El texto que llegará al Congreso dispondrá prisión de uno a tres años para la mujer que aborte, con el agregado de que el juez podrá eximirla de la condena. Las tensiones en Cambiemos habían postergado la presentación de proyecto y ahora la Casa Rosada prevé enviarlo en marzo, con una redacción que buscará evitar divisiones internas y fuga de votos en el año electoral.

Integrantes del Gabinete agregaron como motivo la intención del Gobierno de no centrar la discusión del Código Penal en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo sino en los capítulos vinculados a la seguridad y el narcotráfico, el eje que eligió priorizar en esta etapa. “No queremos que sea lo principal. Ya se discutió y ahora la composición del Congreso es la misma que lo rechazó el año pasado”, dijo un ministro al diario Clarín. De paso, evitan abrir un nuevo frente de conflicto con la Iglesia.

La problemática volvió a quedar expuesta esta semana en Jujuy, con un aborto obstaculizado a una nena de 12 años que había sido violada, a la que se le practicó una cesárea -la beba luego murió-, sin respeto de la intimidad y con escraches en la puerta de la clínica.

Entre las alternativas que evaluaba el Gobierno quedaron desechadas opciones en la dirección de la llamada “ola verde” que advirtió la Casa Rosada en el invierno pasado y que en un momento intentó capitalizar. Luego de que el Senado rechazara la legalización estudió mantener la discusión en la agenda con la eliminación de la pena para las mujeres en el texto que enviaría semanas después al Congreso y luego fue postergado.

Germán Gavarano, el ministro de Justicia que trabajó el proyecto con una comisión encabezada por el camarista Mariano Borinsky, era uno de los que empujaba esa vía. A favor de la legalización también se habían expresado Patricia Bullrich, Adolfo Rubinstein y Lino Barañao, entre otros, y en contra Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley y Rogelio Frigerio. En el Congreso la división generó iras y resquemores, el más resonante de Elisa Carrió que amenazó en pleno recinto con “romper” Cambiemos. La postura “de máxima” de los impulsores oficialistas de la IVE para el Código Penal era quitar la pena también a los médicos. 

Mauricio Macri arrancó con la “defensa de las dos vidas” en un discurso público y luego aseguró que “el tema central es el derecho de las mujeres a decidir”, en privado para no interferir en la “libertad de acción” que había dado a los legisladores. Ante el rechazo del Senado algunos funcionarios lo evaluaron como una oportunidad perdida: Macri había habilitado el debate, pero no hubo ley que hubiera sido histórica.

En el Código Penal el artículo 88 del proyecto que llegará al Congreso impondrá prisión de uno a tres años a la mujer que aborte y el juez podrá decidir la eximición de la pena o que quede en suspenso “teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad”. El texto mantendrá no punible el aborto cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer y en embarazos producto de un abuso sexual -incorporará la jurisprudencia de la Corte Suprema, caso F.A.L.-, y establecerá que los médicos que lo practiquen en esos casos no serán penados.

 

Fuente: Clarín

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