El país centroamericano sufre una grave situación económica desde hace diez meses.

Funcionarios de Ortega se reunieron con empresarios para calmar las aguas y garantizar la gobernabilidad. Además, se iniciaron reuniones con miembros de la OEA.

Casi diez meses después de que estallara la crisis en Nicaragua, en una espiral de protestas callejeros y represión por el Gobierno de Daniel Ortega que se ha saldado con centenares de muertos y detenidos, el diálogo trata de nuevo de abrirse paso a pesar de la falta de unas garantías mínimas de partida.

El Ejecutivo y la Archidiócesis de Managua anunciaron este sábado la reanudación de los contactos. En un comunicado conjunto, pero emitidos por separado, las partes informaron de que el Gobierno «se reunió con un grupo de empresarios representativos del sector privado nicaragüense, para abordar temas importantes para el bien común del país», sin aclarar quienes participaron. Como «invitados», asistieron dos delegados de la Iglesia: el presidente de la Conferencia Espiscopal de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, y el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag.

 

A esta iniciativa se suma el diálogo bilateral que emprendieron la semana pasada el Gobierno nicaragüense y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), según anunciaron el viernes.

La reanudación de conversaciones se produce después de que el anterior diálogo nacional fracasase al abandonar Ortega el proceso el pasado julio.

Sin embargo, estos esfuerzos de acercamiento se ven con gran escepticismo desde amplios sectores del país ante la falta de unas garantías mínimas. El Gobierno de Ortega se ha mostrado dispuesto a abordar con la Secretaría General de la OEA reformas en el sistema electoral, pero descarta adelantar los comicios presidenciales, previstos para noviembre de 2021.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragüa. 

 

Exigencia de «garantías»

El Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua exigió, «como punto de partida» para un diálogo entre el Gobierno y el sector privado, la liberación «inmediata de todos los presos políticos sin condición alguna, bajo las garantías imprescindibles de respeto a sus libertades de movilización». Reclamó además, en su calidad de «víctimas primarias de la brutal represión del régimen Ortega Murillo», ser «interlocutoras directas de las decisiones concernientes a la verdad, justicia penal, reparación integral y garantías de no repetición».

El Comité demandó «garantías reales del cese de los secuestros, acoso y persecución al pueblo que hace uso de su legítimo derecho a la organización y protesta pacífica», así como «el desarme y disolución de los grupos parapoliciales», y el «retorno seguro de los exiliados políticos».

Por su parte, la Articulación de Movimiento Sociales, integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, pidió el «cese de todas las formas de represión», como condición para que el diálogo sea legítimo y creíble.

 

Un nuevo secuestro

El escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, afirmó el sábado que la estrategia de Daniel Ortega de dialogar con la OEA sin ofrecer adelanto de elecciones ni garantías de libertades públicas, «es estar contra la realidad», dijo el premio Cervantes de 2017 a la agencia Efe.

El propio sábado se denunció el secuestro de la líder estudiantil Justina del Carmen Orozco, de 19 años, supuestamente capturada el día anterior sin haber cometido delitos por la Policía Nacional.

Desde abril hasta ahora se han registrado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, además de cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según diferentes organismos.

 

Fuente: ABC

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