Ana Suda y Martha Hernandez pasaron un desagradable momento en una tienda de Montana.

Las mujeres fueron demoradas por un agente fronterizo que las interrogó y les pidió sus pasaportes. El hecho ocurrido el año pasado, tomó relevancia en las últimas horas.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda el 14 de febrero en contra de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en nombre de dos mujeres estadounidenses que fueron detenidas el año pasado en una ciudad pequeña de Montana por un agente fronterizo quien dijo que les pedía sus identificaciones porque las escuchó hablar en español.
El agente fronterizo, identificado en la demanda como Paul A. O'Neal, detuvo a las mujeres, Ana Suda y Martha Hernandez, en una tienda de conveniencia en Havre, Montana, la noche del 16 de mayo de 2018. La demanda alega que O'Neal realizó un comentario sobre el acento de Hernandez, el cual calificó de "muy fuerte", y después les preguntó dónde habían nacido. Hernandez nació en California y Suda, en Texas, mencionó la ACLU.
Cuando las mujeres expresaron su impacto ante la pregunta del agente, él les respondió que hablaba "muy en serio" y les pidió ver sus identificaciones, de acuerdo con la demanda.
Después de mostrar al agente la validez de sus licencias para conducir de Montana, O'Neal las detuvo por un momento en el estacionamiento de la tienda, menciona la demanda. Entonces, las mujeres comenzaron a grabar el encuentro con sus teléfonos, y en el video le preguntaron al agente por qué las había detenido.
"Señora, la razón por la que le pedí su identificación es porque vine aquí y las oí hablando en español, algo que no se suele escuchar por estos lados", dijo el agente, mientras veía a la cámara.
Entonces, una de las mujeres le preguntó si las había detenido por sus "perfiles raciales".
"No, no tiene nada que ver con eso", respondió, según se ve en el video. "Es el hecho de que estaban hablando español dentro de una tienda en un estado donde se habla inglés de forma predominante, ¿está bien?".

 

Martha Hernandez y Ana Suda aseguran haber sido detenidas por hablar español (Brooke Swaney/ACLU of Montana via AP)
La ACLU dice que no está bien. En la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito de Montana, se afirma que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza violó la cuarta enmienda de la Constitución porque la agencia no tenía una causa probable para detener a las mujeres.
La ACLU también argumenta que la agencia violó el derecho constitucional de las mujeres a una protección igualitaria pues el agente dijo que las estaba interrogando porque las escuchó hablar en español, lo cual, según la ACLU, se usó como un sustituto para referirse a su raza.
Un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se rehusó a brindar información sobre el encuentro o a comentar sobre la demanda, en la cual también se nombra a O'Neal, al comisionado en activo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin K. McAleenan, y a otros veinticinco acusados sin nombre identificados como "Juan Pérez" que, de acuerdo con la ACLU, estuvieron involucrados en el episodio.
"Por una cuestión de política de la agencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no ofrece comentarios sobre litigios pendientes", mencionó Jason Givens, vocero de la agencia, en un correo electrónico. "Sin embargo, la ausencia de comentarios no debería interpretarse como concordancia o estipulación con ninguno de los alegatos".

Militares nortemaericanos en la frontera con México.


Los esfuerzos por localizar a O'Neal la noche del jueves no rindieron frutos de inmediato.
En un comunicado, la ACLU señaló que era inconstitucional que los agentes de seguridad o de migración detuvieran a las personas a causa de su idioma, acento o raza. Cody Wofsy, un abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la organización, comentó que considera el caso "como parte de un patrón más generalizado de conducta abusiva de una agencia que está fuera de control".
"Es una oportunidad para que los tribunales se involucren y den constancia de que hay límites constitucionales sobre lo que puede hacer la CBP", mencionó. "Con base en lo que hemos visto a lo largo de los dos últimos años del gobierno de Trump, es evidente que esto no es nada nuevo. La agencia ha recibido un incentivo para actuar conforme a algunos de sus peores impulsos".
El caso resalta la preocupación sobre el poder de gran alcance del que goza la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, cuyos agentes tienen la autoridad de detener e interrogar a personas hasta a 160 kilómetros de distancia de una frontera internacional, un área enorme que alberga a casi dos terceras partes de la población de Estados Unidos.


Havre, una remota ciudad agrícola de unos nueve mil habitantes, es el hogar de una oficina regional de la CBP con 183 agentes que tienen jurisdicción a lo largo de más de 720 kilómetros de frontera canadiense. La ciudad está a unos 56 kilómetros de la frontera.
En 2006, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito determinó que unos agentes fronterizos habían detenido de manera ilegal a cinco hombres latinos en Havre en 2004 y afirmó que "la aparente etnicidad latina, aunque es un factor relevante en una indagación por sospecha razonable, por sí sola no puede justificar una detención con fines de investigación en una zona fronteriza".
El episodio del 16 de mayo no fue la primera experiencia de Suda y Hernandez con agentes fronterizos.
De acuerdo con la demanda, en febrero pasado, las mujeres estaban bailando en un bar cuando un agente de la patrulla fronteriza vestido de civil les tomó una foto con su teléfono y se la envió a otros agentes con el comentario: "Hay dos mexicanas en el bar".


Uno de los agentes que recibió el mensaje de texto respondió que las mujeres eran amigas de su esposa, mencionó la ACLU.
En mayo de 2018, Hernandez y Suda fueron detenidas en el estacionamiento durante unos cuarenta minutos, según la ACLU. Mientras estaban detenidas, varios agentes más llegaron a la escena, entre ellos el supervisor de O'Neal, de acuerdo con la demanda.
Suda le preguntó al supervisor, quien no está identificado por su nombre en la demanda, si las habrían detenido si hubieran estado hablando en francés.
"No", respondió, según la demanda. "No hacemos eso".
En un comunicado, Suda comentó que la experiencia había sido humillante y que había provocado que otros residentes de Havre las evitaran a ella y a Hernandez. Suda mencionó que su hija tenía miedo de hablar en español y ahora responde en inglés cuando su madre le habla en español "porque tiene miedo".
"Esto cambió nuestras vidas, creo que para siempre", señaló Suda en el comunicado.

 

Fuente: Infobae

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