El 15 de marzo, Almagro envió una carta al canciller Denis Moncada en la que informaba de que la OEA estaría dispuesta a participar en las conversaciones solo si se liberaba a todas las personas consideradas como presos políticos.

El régimen de ortega hizo lugar al los reclamos de la oposición y de la OEA: destraba las negociaciones para hallar una salida a la crisis. Para eso, el gobierno nicaragüense exige el levantamiento de las sanciones.

Cuando se cumplen once meses de crisis política en Nicaragua, el régimen que lidera el sandinista Daniel Ortega se comprometió a liberar en un plazo no mayor a 90 días a los centenares de detenidos en el marco de las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, a cambio de destrabar las negociaciones con la oposición y levantar las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos contra el Gobierno de Ortega y funcionarios cercanos, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. La noticia genera muchas expectativas, en momentos en los que Ortega está sometido a una fuerte presión internacional.

La decisión de liberar paulatinamente a los detenidos —considerados presos políticos en Nicaragua— se dio tras las gestiones del representante del Vaticano en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Rosadilla, quien participaría como observador internacional en la mesa de negociación, nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Ortega se compromete a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días La OEA condiciona su participación en las negociaciones en Nicaragua a la liberación de los presos políticos

Los familiares de los detenidos reaccionaron con júbilo a la noticia de la liberación. Daniel Esquivel, integrante del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, calificó como un “triunfo” la noticia y dijo que se mantendrán “vigilantes” para exigir que se cumpla esta promesa. Representantes de esta agrupación se reunieron con el nuncio Sommertag y le pidieron que transmitiera al Gobierno sus inquietudes sobre cómo debería darse la libertad de los encarcelados: “Tiene que ser con la lista de la CIDH, cotejada con nosotros, con apoyo de la Cruz Roja Internacional y con calendarios de entrega”.

El Comité calcula que hay 802 presos políticos, incluyendo los más de 160 que han sido liberados por Ortega como gesto para iniciar las negociaciones con la oposición.

Tras este sorpresivo anuncio, la oposición reanudará el jueves las negociaciones con Ortega, que entraron en un impasse tras el retiro de los estudiantes universitarios de la mesa de negociación hace una semana y tras la represión del sábado contra quienes pretendían participar en una manifestación pacífica.

La prioridad para Ortega, sin embargo, es que se levanten las sanciones que Estados Unidos y otros países han impuesto contra su Gobierno, así como que no se apliquen nuevas, como lo han solicitado los diputados de la Eurocámara. Esas sanciones afectan a funcionarios cercanos a Ortega, incluyendo a la vicepresidenta Murillo.

Un nuevo escenario político se abre ahora en Nicaragua. Está claro que Ortega intentará demostrar que tiene el control del país, aunque su régimen está cada vez más aislado por la comunidad internacional, con la economía en franco deterioro y una sociedad harta de 11 meses de violencia patrocinada desde el Estado. El reto hecho el sábado al régimen es una muestra de ese hartazgo y de la resistencia de los nicaragüenses. Ortega es un político hábil, que lleva 40 años manejando las riendas de la política del país y que sabe que el consenso general que debe marcharse. Cuándo y en qué condiciones es la gran interrogante que se abre ahora en la sufrida Nicaragua

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