El caso significó un punto de quiebre de la llamada "Colimba" (Corre, limpia y barre) durante la administración del presidente Carlos Menem.

El asesinato contribuyó a desacreditar la implementación del Servicio Militar Obligatorio y se lo reemplazó por un sistema de reclutamiento voluntario y rentado, que aún continúa vigente.

El cuerpo sin vida del soldado Omar Carrasco era hallado hace 25 años (el 6 de abril de 1994) en el predio de una unidad del Ejercito ubicada en Zapala, Neuquén, y ese hecho generó una conmoción social tal que fue determinante para que el gobierno de Carlos Menem estableciera meses después el final del Servicio Militar en la Argentina.

El 3 de marzo de 1994, Carrasco había llegado al Grupo 161 de Artillería proveniente de la localidad neuquina de Cutral Có para cumplir con la conscripción.

Sin embargo, a los tres días de haber sido reclutado se lo declaró como desaparecido y desertor, algo que le fue comunicado a sus padres dos semanas después, cuando el soldado no llegó al hogar familiar en el que iba a ser el primer día franco de su servicio.

El cadáver del soldado apareció a 700 metros de la compañía donde había sido reclutado durante un segundo rastrillaje, ya que en el primero una patrulla pasó por ese mismo lugar 15 días antes y no había encontrado nada.

El cuerpo de Carrasco estaba con el torso desnudo, tenía un ojo reventado, varias costillas quebradas y, peritajes que se le practicaron, determinaron que había sido movido antes de permanecer en un sitio húmedo y oscuro, lo que explicaba el estado de momificación que exhibía.

El juez de Neuquén Rubén Caro -que años más tarde debió afrontar un pedido de juicio político por su actuación en la causa- orientó la investigación hacia “un baile” y varios castigos físicos que recibió Carrasco en los primeros días de la instrucción por parte de los conscriptos “viejos” Cristian Suárez y Víctor Salazar, quienes habían recibido órdenes directas del subteniente Ignacio Canevaro.

Un año y medio después del crimen, Canevaro recibió una condena de 15 años, en tanto que Suárez y Salazar fueron sentenciados a 10 años, y el sargento Carlos Sánchez recibió una pena de tres años por encubrimiento.

Tras ese juicio se abrió un segundo proceso conocido como el caso Carrasco II, en el cual se investigaron las circunstancias que siguieron tras la muerte de Carrasco en esa unidad militar de Zapala.

En esa investigación, una pericia de la Policía Federal estableció que Carrasco tuvo una sobrevida de entre 48 y 60 horas luego de la golpiza que le propinaron.

Esta pericia apuntaba a que, como producto de una mala atención médica, Carrasco sufrió una hemorragia interna y una lesión pulmonar que le causó la muerte, pero las conclusiones de este informe no fueron tenidas en cuenta en el juicio por el encubrimiento, y 11 años después del crimen, esa causa prescribió.

El caso Carrasco causó una gran conmoción social y contribuyó a desacreditar la implementación del Servicio Militar Obligatorio, o “Colimba” -acrónimo de Corre, Limpia y Barre- como se lo designaba popularmente.

En medio de ese rechazo, y cuando se iniciaba una campaña electoral por la reelección que recientemente había sido aprobada por una reforma constitucional, Menem decidió suprimir el Servicio Militar y reemplazarlo por un sistema de reclutamiento voluntario y rentado, que aún continúa vigente.

Por iniciativa de Pablo Riccheri, ministro de Guerra durante la presidencia de Julio Argentino Roca, el Servicio Militar fue establecido por ley en 1901, como una forma de generar cohesión nacional entre los hijos de los inmigrantes.

Pero los abusos que soportaron a lo largo de décadas las clases incorporadas, los casos de soldados desaparecidos durante el terrorismo de Estado y la derrota en la guerra de Malvinas, contribuyeron a generar rechazo a la continuidad de la “Colimba”, y en la actualidad, toda una generación de argentinos desconoce lo que significa permanecer durante un año “bajo bandera” en una unidad militar.

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