Alan García, el presidente de la hiperinflación y la crisis en Perú que se suicidó antes de ser detenido

Alan García se disparó en la cabeza este miércoles poco después de que la policía llegara a su casa para cumplir una orden de detención preliminar. El exmandatario era investigado por recibir supuestos sobornos de Odebrecht.

"Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años", dijo Alan García, expresidente de Perú, este martes a la cadena peruana RPP, un día antes de suicidarse con un balazo en la cabeza.

Su declaración era un intento de defenderse ante la investigación de la que era sujeto por la trama Odebrecht. "Lo que tengo es absolutamente fruto de mi trabajo", añadió.

Sin embargo, después de estas afirmaciones, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar (10 días) para el exmandatario.

Y cuando llegaron a detenerlo en su casa en Lima, este miércoles, García se disparó en la cabeza y murió poco después en un hospital.

García, que gobernó de 1985 a 1990 y luego de 2006 a 2011, era uno de los cuatro expresidentes peruanos vinculados con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, además de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

 

Pero ¿de qué se lo acusaba exactamente?

Lo acusaba de recibir sobornos de Odebrecht en su segundo gobierno para adjudicarle la ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima y para beneficiar a la empresa brasileña durante la construcción de la carretera Interoceánica.

Las autoridades sostenían que recibió parte de estos sobornos en forma de un pago de US$100.000 por una conferencia en Sao Paulo.

El resto de los sobornos los habría recibido a través de los exfuncionarios de su gobierno Luis Nava y Miguel Atala.

Medios peruanos informaron este mes que Nava supuestamente recibió alrededor de US$4 millones de la Caja 2 de Odebrecht.

Además, García estaba acusado de recibir aportes de Odebrecht para las elecciones presidenciales de 2006.

A inicios de 2018, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, dijo a las autoridades peruanas que había entregado US$200.000 a la campaña de García, a través de Luis Alva Castro, otro miembro del APRA, el partido de ambos.

En noviembre de 2018 el Poder Judicial ordenó que se le impidiera al político peruano la salida del país por 18 meses.

Como respuesta, García solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima, aduciendo una supuesta persecución política, pero en diciembre se lo negaron.

Desde entonces, el exmandatario enfrentó la investigación en su casa, en Lima.

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