Ley de glaciares

Glaciares y minería: se espera un fallo unánime de la Corte en defensa del medio ambiente

El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación.

El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.

La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.

Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.

Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.

 

Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.

Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.

Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.

 

La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.

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