Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

El Gobierno promulgó con un veto parcial la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos

Se introdujo una modificación, que desde el Ejecutivo aseguraron no altera su espíritu y se trata de una cuestión técnica.

El Gobierno promulgó este viernes la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (27.504), que tiene como objetivo transparentar los gastos de las campañas electorales, a través de la bancarización de los aportes y al habilitar a las personas jurídicas (empresas) a que puedan donar.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial, pero el Ejecutivo realizó un veto parcial, precisamente sobre uno de los puntos referido a las restricciones que se fijaron para los aportantes. En el decreto 388/19, firmado por el presidente Mauricio Macri y todo su gabinete, se aclara que “la medida que se propone no altera el espíritu” de la ley.

Se trata de una cuestión técnica que en Diputados no se corrigió para que el proyecto no tuviera que volver con cambios al Senado, donde después de varias marchas y contramarchas -desde noviembre del año pasado- salió con media sanción el 16 de abril. En tanto, la iniciativa se convirtió en ley en la Cámara baja el pasado 15 de mayo por 148 votos afirmativos y 69 negativos.

La observación se dio en el inciso “i” del artículo 5, donde establecía que los partidos políticos no podrían aceptar aportes o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren “imputadas en un proceso penal en trámite por cualquiera de las conductas previstas en la ley penal tributaria vigente o que sean sujetos demandados de un proceso en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación por reclamo de deuda impositiva”.

En los considerandos del decreto se explicó que al decir “sujetos demandados”, la norma se refiere “a una situación que en los hechos no existe”. Y agrega que de reglamentarse así “podría incidir negativamente en el eventual ejercicio de un derecho en virtud del propio acto de defensa con el que se cuenta frente a una resolución administrativa”.

“No resulta razonable una reglamentación que lisa y llanamente prohíba los aportes a cualquier persona humana o jurídica que tome o haya tomado la decisión de impugnar una pretensión de la AFIP, menos aún si ello se limita a una determinada vía recursiva y no a otras que también otorga la normativa procesal tributaria”, se expresó en el decreto.

La nueva ley regula que los partidos no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al 2% de los gastos permitidos para esa campaña. Además, las donaciones en efectivo solo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario, y el donante deberá acreditar su identidad.

Además, la norma modifica los plazos de la campaña electoral; reduce a la mitad el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales; regula aspectos de la campaña digital y del trabajo de las encuestadoras de opinión; y define la utilidad de los fondos destinados a capacitación dentro de los partidos, entre otros puntos.

Ahora falta que el Gobierno acelere la reglamentación, de modo que la aplicación de la ley pueda concretarse en las elecciones de este año, tal como el oficialismo aspiraba.

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