Crisis migratoria en México

lgunos migrantes cruzan el río Suchiate entre Guatemala y México. QUETZALLI BLANCO AFP

El Instituto Nacional de Migración gasta un 50% más de lo aprobado en el primer cuatrimestre, mientras el Gobierno afirma que no ha pedido una ampliación de los recursos.

Agentes del INM detienen a migrantes en Tapachula (Chiapas). 

La crisis migratoria que atraviesa México ha roto las costuras de la política de austeridad que ha guiado los primeros meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El aumento de la presión por parte de Estados Unidos para que el país latinoamericano frene el flujo de migrantes ha obligado a un cambio de rumbo. Tras varios meses de recortes, el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, ha reconocido este lunes que no tienen una estimación del costo total que implicará contener la crisis y ha asegurado que no han solicitado ampliar el presupuesto para cumplir con Washington.

Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM) gastó casi 600 millones de pesos, más de 30 millones de dólares, casi un 50% más de lo aprobado para ese mismo periodo en los presupuestos. Un incremento que, según los expertos en migración y presupuesto consultados, se acentuará tras el reciente acuerdo con la Administración Trump.

Tras ocho días de incertidumbre a causa de la amenaza arancelaria, México se comprometió hace dos semanas a tomar medidas “sin precedentes” para frenar la inmigración. Sin embargo, el rastro del dinero indica que el grifo de recursos ya había sido abierto desde hacía unos meses, según muestran las cifras del Informe de avance de gasto. Además del presupuesto correspondiente a sueldos y retribuciones, unos 370 millones de pesos, el INM, encargado de aplicar la política del país en este ámbito, gastó 230 millones más, casi 12 millones de dólares, en los primeros cuatro meses.

El organismo público, cuyo titular, Tonatiuh Guillén, dimitió el viernes, no ha respondido a las peticiones de aclaración de este periódico.

De este gasto extra, un 36% corresponde a asignaciones de vigilancia, un 23% a alimentos y limpieza, y casi un 5% a “traslados”, una etiqueta que incluye las deportaciones. Todo esto en el marco de una intensificación de las detenciones, la triplicación del número de personas deportadas de diciembre a abril y el colapso de los centros de internamiento de migrantes.

Preguntado sobre este último punto, el subsecretario Maximiliano Reyes ha revelado este lunes que el Gobierno contempla "modernizar y ampliar" albergues de acogida, entre ellos la Estación Migratoria Siglo XXI en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala. Esto se hará con contribuciones del Fondo Yucatán, un instrumento de cooperación que México creó en 2011 para financiar proyectos de infraestructura en Centroamérica y el Caribe.

Fuente: El País

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