Violencia en las cárceles de Ecuador

ista del patio de la prisión El Inca, en Quito. S. SERRANO GETTY

Tres motines en poco más de un mes dejan un saldo de 10 muertos y desnudan la insuficiencia de recursos y de seguridad en el sistema penitenciario.

Las cárceles ecuatorianas están fuera de control. Lo reconocen las autoridades y lo demuestran tres motines en los que, en el último mes y medio, han muerto diez reclusos: dos de ellos incinerados y el otro más decapitado ante la impotencia de los cuerpos de seguridad del país sudamericano.

El presidente, Lenín Moreno, decretó el pasado 16 de mayo el estado de excepción en el sistema penitenciario ante la clara insuficiencia de infraestructura y de recursos, el asfixiante hacinamiento y la tensión dentro de los centros. Pero ese paso no logró frenar la ola de violencia: una semana después murieron dos presos que compartían celda, uno por disparos y otro apuñalado; a los diez días un enfrentamiento entre bandas acabó con la vida de otros seis y, de nuevo, tras 12 días, un altercado se saldó con dos muertos y 19 policías secuestrados.

La ministra ecuatoriana de Interior, María Paula Romo, debía haber comparecido este miércoles ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre la crítica situación penitenciaria, pero envió en su lugar a su viceministro, Patricio Pazmiño. El número dos de la dependencia expuso las cifras y las razones del “caótico” estado de las 11 cárceles del país: en apenas medio año, han muerto 49 presos, diez menos que en todo 2018. 19 fueron asesinados, nueve se suicidaron y el último de ellos fue víctima de un homicidio con culpa.

El grueso del problema está en los dos centros de rehabilitación social de la ciudad de Guayaquil (costa del Pacífico), donde hasta mayo han sido asesinados 14 convictos, 12 más que en todo el año pasado. Y también en el de la provincia de Cotopaxi (centro-norte del país), que mantiene desde hace años unas estadísticas de entre tres y cuatro muertes violentas y este año ya lleva cuatro.

El Gobierno de Moreno atribuye el conflicto a un enfrentamiento entre bandas organizadas que luchan por el control de los pabellones masculinos, aprovechándose de elevado nivel de hacinamiento —del 40% sobre la capacidad máxima— y de que los efectivos de resguardo son insuficientes, pese a que durante los 60 días de excepción se ha autorizado a la policía a mantener el control dentro de las cárceles y se ha apostado al Ejército en los exteriores para evitar la tensión con los familiares y visitantes.

Fuente: El País

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