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La ofensiva contra el aborto legal en Brasil se inspira en Alabama la propone un concejal

Fernando Holiday presenta en São Paulo un proyecto que “constriñe” y “tortura” psicológicamente a las mujeres víctimas de violación, según activistas y especialistas.

Brasil permite que las mujeres aborten en tres situaciones muy específicas: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando peligra la vida de la mujer o cuando el feto es anencefálico. En cualquier otro supuesto, la interrupción se considera un delito y las penas llegan hasta tres años de cárcel para la gestante y de cuatro para el médico.

Para un creciente número de políticos conservadores, esos derechos constitucionales son excesivos y deben restringirse. Animados por la ola que llevó al presidente Jair Bolsonaro al poder, congresistas de varias religiones, principalmente católicos y evangélicos, seducen con proyectos para limitar los derechos de las mujeres y utilizan el tema del aborto para movilizar a sus bases, en un movimiento que llega ahora a la Cámara de los Concejales de São Paulo.

Inspirado en el endurecimiento de las leyes sobre el aborto en algunas regiones de Estados Unidos, como Alabama, el concejal Fernando Holiday, miembro del conservador Movimiento Brasil Libre (MBL) y afiliado al partido Demócratas, ha propuesto un proyecto de ley que determina una serie de requerimientos para que las mujeres —sobre todo las que han sido violadas— puedan interrumpir voluntariamente el embarazo en la sanidad pública municipal.

 

El proyecto de Holiday, que incluye exigencias consideradas inconstitucionales por los especialistas, ha provocado inmediatamente las quejas no solo de activistas proaborto, sino también de especialistas en sanidad pública y psicología.

Tal ha sido la cantidad de críticas, incluso de la derecha, que el concejal del MBL ahora promete, en una entrevista para EL PAÍS, que modificará parte del texto. “El proyecto se inspiró en la legislación de algunos estados norteamericanos, principalmente el de Alabama. Pero también en países que permiten el aborto en casos más amplios, como Alemania, donde las mujeres reciben asesoramiento sobre las implicaciones del procedimiento”, justificó el concejal.

Holiday, fruto de un movimiento de matriz liberal que dio un giro a la derecha con relación a las costumbres para ampliar su electorado, sabe que el tema es un reclamo en Brasil, incluso en los medios y en las redes: según una encuesta divulgada en enero por el Instituto Datafolha, el 41% de la población está en contra del aborto en cualquier circunstancia. En el Congreso, el frente parlamentario antiabortista consta de 200 nombres y, como mostró el reportaje de la Agencia Patrícia Galvão publicado por EL PAÍS en mayo, goza de un amplio apoyo aunque también presión, incluso por parte de empresas y juristas.

En el Senado, se ha resucitado la propuesta de enmienda constitucional, ya conocida como PEC de la Vida, que pretende restringir el aborto como nunca. Con este movimiento, intentan anticiparse al Supremo Tribunal Federal, que, en las próximas semanas, puede decidir sobre la interrupción del embarazo hasta la duodécima semana de gestación. En la Cámara de los Diputados, un proyecto de ley que dificulta el acceso a la pastilla del día después en los ambulatorios ya está listo para que se vote en sesión plenaria.

Además, los ultraconservadores del Partido Social Liberal de Bolsonaro, la segunda mayor bancada de la Cámara, también hacen sus experimentos con el tema para ver la reacción de la opinión pública. El diputado federal Márcio Labre, del partido del presidente, presentó un proyecto de ley que prohíbe el aborto menos en el caso de que la salud de la madre corra peligro, reduciendo las conquistas ya alcanzadas. El mismo diputado presentó otro texto que clasificaba anticonceptivos como el DIU, la minipíldora y la píldora del día después como “microabortivos” y prohibía su comercialización y distribución en la sanidad pública. La repercusión negativa provocó que retirara el proyecto.

Fuente: El País

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