Corrupción en el sistema de justicia de Perú

Keiko Fujimori, en octubre pasado. L. GONZÁLES GETTY

Los juristas apuntan al Congreso como obstáculo en la investigación de la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto.

Ha pasado un año desde de que saliese a la luz la extendida trama de corrupción en la justicia peruana, la profunda reforma que requiere el sistema no solo no despega sino que la propia red criminal sigue activa. La prensa del país sudamericano empezó a difundir el 7 de julio de 2018 cientos de escuchas telefónicas que formaban parte de una pesquisa fiscal a condenados por narcotráfico y extorsión en el puerto del Callao, cerca de Lima. Entre los interlocutores figuraban jueces y fiscales, así como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el órgano que nombraba y destituía a los magistrados. La policía a cargo de las escuchas y seguimientos los bautizó como Cuellos Blancos del Puerto, y desde el primer momento coparon la atención pública.

Tras el escándalo inicial han sido muchas las manifestaciones ciudadanas que han presionado al Congreso para que destituya a los miembros del moribundo CNM. A propuesta del Ejecutivo, el Parlamento aprobó crear una Junta Nacional de Justicia para reemplazarlo, pero aún no ha sido posible ponerla en marcha. Ya este año, cuando iba a prestar juramento el único integrante de la Junta que pasó los exámenes pertinentes, la ceremonia fue abortada cuando un periodista reveló que tenía un juicio pendiente por falsificar documentos para cobrar dos jubilaciones y otro proceso ligado a una red de crimen organizado: un caso más que profundizó la desazón en la sociedad peruana. La comisión encargada de echar a andar la Junta pidió al Congreso prorrogarle el plazo para convocar un nuevo concurso que permita al país sudamericano disponer por fin de un órgano que designe y sancione a magistrados.

 

El Congreso como obstáculo

Los juristas apuntan directamente al Congreso, de mayoría fujimorista, como el mayor obstáculo en la investigación de la organización criminal infiltrada en los principales órganos de impartición de justicia. Entre los políticos que han buscado beneficiarse de la trama de corrupción figura Keiko Fujimori, líder de la oposición y dos veces candidata presidencial: justo cuando el juez supremo César Hinostroza —a la postre cabeza de la red— iba a decidir el año pasado un recurso para que no siguiera siendo investigada por lavado de activos, un par de fiscales de crimen organizado —Rocío Sánchez y Sandra Castro— descubrieron la trama, que lo paralizó todo.

“El Congreso se ha convertido en un escollo”, explica a EL PAÍS el procurador anticorrupción Amado Enco. “Ha bloqueado todos los pedidos de acusación constitucional al exfiscal general Pedro Chávarry y a exconsejeros del CNM para que no autoricen investigarlos por el delito de organización criminal. Y los exconsejeros son pieza clave en la estructura”. Otros funcionarios que deben ser investigados siguen activos, agrega. “Las fiscales han avanzado con valentía en sus investigaciones y varias personas están detenidas e investigadas. Pero necesitamos urgentemente un órgano que sea capaz de supervisar el sistema de justicia”, se lamenta Enco, que califica la situación de “severa crisis”.

Fuente: El País

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