ECONOMIA |

Argentina buscará la anulación de acuerdos para enderezar la causa YPF

Representantes del gobierno nacional mantendrán la primera audiencia en las oficinas neoyorquinas de la jueza Loretta Preska. Planteará acciones "dudosas" de la empresa Petersen.

El Gobierno va ahora por el argumento político en el caso por la nacionalización de YPF, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimara a fines de junio el pedido de la Argentina para que el juicio continúe en los tribunales de nuestro país.

En la primera audiencia que tendrán los representantes legales de Argentina e YPF con los abogados del fondo de inversión Burford -que compró los derechos de litigar del Grupo Peterson- en las oficinas de la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, buscará impugnar la compra de acciones de la petrolera entre 2008 y 2001 por parte del conglomerado de compañías comandado por Enrique Eskenazi.

Según un escrito presentado el lunes ante la magistrada, el argumento del Gobierno es que el acuerdo entre Repsol y el Grupo Petersen es de "naturaleza impropia" y causó daño al Estado y al pueblo argentino.

La Argentina sostiene que Petersen es una empresa ficticia española formada y controlada por ciudadanos argentinos "que entró en un conjunto muy dudoso de acuerdos evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF".

El Gobierno de Mauricio Macri señala en el escrito presentado ante la jueza Preska que en 2008 el Grupo Petersen compró a Repsol el 15% de sus acciones y otro 10% en 2011, por un total de US$ 3.500 millones, pero no desembolsó un centavo, ya que lo hizo mediante un transacción de propio beneficio (self-dealing) que consistió en usar el capital de la misma YPF para "comprar" sus acciones y "pagarle" a su controlante (Repsol).

Por todo esto, los representantes legales de nuestro país consideran que estos acuerdos "deberían ser anulados ab initio", por lo que Petersen no tendría derecho de demandar a la Argentina. Es la primera vez desde que se inició este conflicto legal que el Gobierno argentino plantea "dudas" sobre la compra del 25% del paquete accionario de YPF.

Desde 2015 el fondo Burford -que adquirió los derechos de litigar del grupo de la familia Eskenazi por US$15 millones- lleva adelante una demanda contra el Estado argentino por supuesto incumplimiento del estatuto de YPF al realizarse la expropiación del 51% de las acciones de la compañia durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2012.

Los representantes de la Argentina también reiterarán ante Preska en la audiencia de mañana el pedido de trasladar el juicio a los tribunales argentinos, que ya fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.

En tanto, según anticipó en un escrito presentado la semana pasada, Burford insistirá en solicitar el juicio sumario del caso, ya que considera que se trata de cosa juzgada y pedirá avanzar en un nuevo encuentro entre las partes para decidir la cuantificación de los daños y los montos a pagar por la Argentina.

El Gobierno argentino, en cambio, tratará a toda costa de demorar la definición en medio del complicado escenario electoral que enfrenta de cara a octubre. En este sentido, señala que el cierre del caso "carece de mérito legal y es prematuro", ya que entiende que se le debe dar la posibilidad de presentar "los numerosos y sustanciales argumentos", e incluso plantear un proceso de discovery, un recurso para pedir información y documentación de todas las partes.

Fuente: Bae Negocios.

Dejá tu comentario